El tren Sarmiento estuvo interrumpido por una amenaza de bomba
CAPITAL FEDERAL 8 Agos(TN Noticias).-Dos llamadas al 911 alertaron sobre la presencia de un artefacto explosivo en una formación que se dirigía a la estación de Once. Ya se reanudó el servicio.
Una amenaza de bomba obligó a que estuviera suspendido el tren Sarmiento durante una hora. Cerca de las 15, dos llamadas telefónicas al 911 alertaron sobre la presencia de un artefacto explosivo en una formación que estaba por ingresar a la estación de Once. La terminal fue rápidamente evacuada por personal de seguridad. El servicio se reanudó cerca de las 16:30.
La Brigada de Explosivos de la Policía Federal (PFA) se trasladó hasta la terminal para inspeccionar las instalaciones y descartar que haya elementos que represente peligro para los pasajeros y empleados del ferrocarril. Además, personal de Bomberos recorrió los vagones de cada formación con el mismo objetivo.
Una amenaza de bomba obligó a que estuviera suspendido el tren Sarmiento durante una hora. Cerca de las 15, dos llamadas telefónicas al 911 alertaron sobre la presencia de un artefacto explosivo en una formación que estaba por ingresar a la estación de Once. La terminal fue rápidamente evacuada por personal de seguridad. El servicio se reanudó cerca de las 16:30.
La Brigada de Explosivos de la Policía Federal (PFA) se trasladó hasta la terminal para inspeccionar las instalaciones y descartar que haya elementos que represente peligro para los pasajeros y empleados del ferrocarril. Además, personal de Bomberos recorrió los vagones de cada formación con el mismo objetivo.
"El resultado del operativo dio negativo en todas las formaciones", informaron a TN.com.ar desde la PFA. Además, indicaron que con el correr de los minutos se "acomodará" la frecuencia del servicio. La Secretaría de Tránsito de la Ciudad pidió reforzar la cantidad de unidades de las líneas de colectivo 8, 2 y 57 para reemplazar el uso del tren hasta su normal funcionamiento.
La Policía informó que se investigó el origen de los llamados al 911: uno fue al conmutador de la Ciudad y otro al de la provincia de Buenos Aires. "Los dos son provenientes del mismo número", indicaron.
A mediados de julio, en un juicio inédito, un joven fue declarado por la Justicia penalmente responsable de haber sido autor de llamadas con amenazas de bombas a una escuela del municipio bonaerense de Tres de Febrero.
El fallo fue emitido por el titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de San Martín, Ramón Bogado Tula, en el marco de un juicio en el que el distrito de Tres de Febrero se presentó como particular damnificado. El magistrado se basó en el Artículo 211 del Código Penal que hace referencia al "delito de intimidación pública".
En primera instancia, el adolescente, que en el momento de las amenazas tenía 16 años y en la actualidad 18, deberá seguir un tratamiento tutelar durante un año. Luego, se realizará una nueva audiencia donde se determinará la pena, que podría ir de dos a seis años de cárcel. También, podría tener que afrontar los gastos económicos para resarcir a la Municipalidad por los recursos estatales relacionados con los protocolos que se pusieron en marcha en esas situaciones.
La Policía informó que se investigó el origen de los llamados al 911: uno fue al conmutador de la Ciudad y otro al de la provincia de Buenos Aires. "Los dos son provenientes del mismo número", indicaron.
A mediados de julio, en un juicio inédito, un joven fue declarado por la Justicia penalmente responsable de haber sido autor de llamadas con amenazas de bombas a una escuela del municipio bonaerense de Tres de Febrero.
El fallo fue emitido por el titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de San Martín, Ramón Bogado Tula, en el marco de un juicio en el que el distrito de Tres de Febrero se presentó como particular damnificado. El magistrado se basó en el Artículo 211 del Código Penal que hace referencia al "delito de intimidación pública".
En primera instancia, el adolescente, que en el momento de las amenazas tenía 16 años y en la actualidad 18, deberá seguir un tratamiento tutelar durante un año. Luego, se realizará una nueva audiencia donde se determinará la pena, que podría ir de dos a seis años de cárcel. También, podría tener que afrontar los gastos económicos para resarcir a la Municipalidad por los recursos estatales relacionados con los protocolos que se pusieron en marcha en esas situaciones.
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