Quién es Celsa Ramírez, la fiscal que persigue a los trabajadores de subte por realizar medidas de fuerza
CABA 6 May (Tiempo Argentino),.La funcionaria, que desde hace años responde al aparato macrista, imputó a los metrodelegados por "asociación ilícita". Ataques contra Juan Román Riquelme en Boca, inteligencia sobre trabajadores ambulantes y desalojos a cientos de familias vulnerables.
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Quién es Celsa Ramírez, la fiscal que persigue a los trabajadores de subte por realizar medidas de fuerzaAlgunos la consideran un delivery disponible las 24 horas para el macrismo. Otros afirman que es una de las funcionarias judiciales que no le tiembla el pulso para ir contra el conjunto del movimiento obrero. Si bien una cosa no quita la otra, todos coinciden que Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº35 de la Ciudad de Buenos Aires, es una de las funcionarias que creció más rápidamente dentro del Poder Judicial y que su objetivo es llegar al Tribunal Superior de Justicia porteño y, por qué no, a la Corte Suprema.
Este miércoles, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunció que la empresa Emova, SBASE y el GCBA llevan adelante «criminalización de la protesta», tras una causa penal por supuesta asociación ilícita impulsada por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) contra 171 trabajadores. La medida, vinculada a paros durante 2024 y 2025, generó alerta, movilización y respaldo de la CATT.
Una vez más, la encargada de satisfacer las ambiciones del oficialismo porteño fue la fiscal Ramírez, que imputó penalmente a los trabajadores y trabajadoras del Subte y los considera una “asociación ilícita” por realizar diferentes medidas de fuerza (paros y protestas) en 2024 y 2025.
En 2023, Tiempo publicó un perfil de Ramírez en medio de la interna de Mauricio Macri contra Juan Román Riquelme de cara a las elecciones del Club Boca Juniors, en las que luego el ex jugador resultó presidente; por aquel entonces, la funcionaria judicial de CABA era la titular de la fiscalía de eventos masivos
En menos de dos años arremetió en varias ocasiones contra el club de la rivera: en 2021 clausuraron La Bombonera tras la solicitud de Ramírez, por un supuesto «exceso de concurrencia y omisión de recaudos»; en 2022, a pedido de la misma fiscal, sancionaron con una multa de dos millones de pesos al club por “omisión a la seguridad” y por supuesto “mal funcionamiento de los molinetes del estadio que generaron demoras y aglomeraciones en el ingreso”, y en febrero de 2023 clausuró la Tribuna Superior Sur de La Bombonera para 4.600 socios.
Ramírez tiene una agenda de acechos contra trabajadores y trabajadoras de distintos sectores y varios desalojos de familias en altas condiciones de vulnerabilidad. Quienes sufrieron su accionar, afirman que Ramírez es la fiscal más adicta al oficialismo porteño de fuertes vínculos con Daniel Angelici y, por supuesto, con el ex presidente Macri.
Persecuciones y hostigamientos
Varios sectores coinciden que son muchas las acciones que llevó adelante la fiscal Ramírez, que acompañaron los deseos políticos de quienes gestionan hace 16 años la Ciudad.
En 2012 comenzó un proceso de persecución contra trabajadores y trabajadoras ambulantes del barrio de Caballito y, en el marco de esa causa realizó varios allanamientos y hasta ordenó intervenir teléfonos de manteros senegaleses. Este hecho provocó el reproche de algunos jueces contravencionales que no respondieron a la totalidad de sus pedidos. La persecución contra este sector se profundizó a lo largo de varios años.
En 2016, tapió la mitad del edificio de la ex Padelai y encerró a cientos de personas de las 85 familias que lo habitaban. Un proceso que terminó con el desalojo total en manos de la Policía Metropolitana, tras la orden de la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del juzgado N 13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, luego de una denuncia realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por usurpación. Durante varios meses esas familias deambularon por las calles de buenos Aires, y, el Ejecutivo porteño, sólo les ofreció una compensación económica.
En mayo de 2018, los metrodelegados llevaron a cabo diferentes protestas en reclamo de la reapertura de paritarias. En ese momento, efectivos de la Policía de la Ciudad, desalojaron las vías de la Línea H y detuvieron a 16 trabajadores, entre ellos, el delegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, por supuesto «atentado y resistencia a la autoridad».
Las medidas de fuerza habían comenzado en abril de ese año tras el acuerdo paritario que firmaron la Unión de Transporte Automotor (UTA), la concesionaria Metrovías y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), con un aumento salarial de apenas el 15,2%, en dos tramos. Celsa Ramírez los acusó bajo esa figura legal, por considerar que los trabajadores pertenecían al mismo sindicato.
En 2021, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura porteño por «ordenar tareas de inteligencia ilegal a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en el marco de la persecución y criminalización sistemática contra trabajadores de espacios públicos, especialmente migrantes senegaleses». El planteo forma parte de un pedido de remoción presentado por el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, que la acusa de impulsar una serie de «irregularidades y situaciones de abuso de poder para el ejercicio de la violencia institucional» coordinados con empresas multinacionales como Nike y Channel (ver recuadro).
En mayo de 2022, la multisectorial La Boca denunció «una serie de irregularidades y arbitrariedades» llevadas a cabo durante el desalojo que ordenó Celsa Ramírez,, para desocupar el inmueble del primer piso de Olavarría 1107 y expulsar a las cinco familias que lo habitaban desde hace 15 años. Desde «La Boca Resiste y Propone», que reúne a organizaciones sociales, centros de salud y atención comunitaria (Cesac) y vecinos de la Comuna 4, señalaron que el desalojo ejecutado por la Policía de la Ciudad «incumplió el protocolo del Ministerio Público Fiscal porteño, que prevé la presencia del asesor tutelar de menores», y advirtieron que en la vivienda residen «dos menores y una persona con tratamiento oncológico».
Carrera y ascenso de Ramírez
Ramírez fue titular de la Oficina Central Receptora de Denuncias, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal. Ingresó al ministerio Público Fiscal en 1999 con el cargo de auxiliar en la Fiscalía de Cámara PCyF.
En 2001 se desempeñó en la Fiscalía Penal, Contravencional y Faltas N°9; y en 2004 la promovieron al cargo de Prosecretaria Letrada de Cámara en la Fiscalía de Cámara P.CyF. Pero su crecimiento exponencial se dio de 2007 en adelante: Ese año la designaron como secretaria de Cámara a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias del MPF de la CABA y en 2011 comenzó a subrogar como Fiscal de 1° Instancia en lo Penal , Contravencional y Faltas.
El 25 de mayo de 2012, fue designada como interina de la función titular del Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Sudeste, por Germán Garavano, en aquel entonces fiscal general del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires; y meses más tarde, ascendió como interina de la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal «A».
Abuso de poder y pedido de indagatoria
Muchos colegas de Ramírez coinciden sobre el abuso de autoridad que ejerce la funcionaria judicial. Tal es así, que en 2017, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, solicitó su indagatoria por abuso de autoridad en el marco de la investigación en el predio del ex Patronato de la Infancia (PADELAI), en San Telmo.
Caamaño consideró que Ramírez dispuso «medidas cautelares restrictivas de derechos constitucionales sobre personas ajenas a los hechos denunciados». En su presentación, la fiscal Caamaño consideró que Ramírez, en el marco de un expediente “en el cual se investigaban contravenciones cometidas por la organización y puesta en marcha los días domingos de una peña en el predio del ex PADELAI, abusó de la autoridad legalmente conferida a su investidura al omitir investigar los hechos que configuraban el objeto de la causa a su cargo, realizando un sinnúmero de actos procesales” que guardaban relación con otra investigación que llevaba adelante el Juzgado Contravencional N°13, y en el que el Ministerio Público de la Ciudad no era parte por haber desistido de la acción.
Además, la fiscal Ramírez habría obrado sin autorización del juez interviniente y dispuesto “medidas cautelares restrictivas de derechos constitucionales sobre personas ajenas a los hechos denunciados, a la vez que celebró audiencias de composición y/o mediación en los que intervinieron entidades estatales que no eran parte del conflicto que se debía investigar”.