Dueños del Tren de la Costa reactivan viejo reclamo por la estatización del servicio
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Después de haber transferido el control del Parque de la Costa al empresario Marcelo Fígoli, los dueños de Sociedad Comercial del Plata (SCP), reactivarán un histórico reclamo contra el Estado nacional por la expropiación del Tren de la Costa ocurrida en el 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
El monto que pide el grupo empresario por la estatización de esa línea ferroviaria inaugurada en 1995 oscila los u$s13 millones y tiene que ver con el rechazo a la medida tomada por el gobierno kirchnerista y a considerar tener el derecho a obtener una indemnización por la recesión de esa concesión.
El monto puede ser superior teniendo en cuenta que al valor de la explotación del tren turístico cuando se estatizó se le debería sumar lo que surja de las pericias que todavía se deben llevar a cabo sobre los activos de la concesión que, de facto, pasaron también a manos del Estado nacional.
De hecho, en el último balance de la sociedad Nuevo Tren de la Costa (NTDC), correspondiente a los estados financieros del 2020, se explica que la sociedad controlada por SCP recibió la opinión de sus asesores legales sobre "las altas posibilidades" de que se le reconozca, en sede administrativa o judicial, el derecho a percibir una indemnización.
De todos modos y con el objetivo de cumplir con las normas contables aplicables para los estados contables, NTDC registró una previsión por "dudosa recuperabilidad" por $129.932.
Más allá de ese trámite contable, los dueños del Tren de la Costa interpusieron en julio del 2013 un recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio en el entonces Ministerio del Interior y Transporte, solicitando se declare la rescisión de la concesión por culpa del Estado Nacional y se indemnicen los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la desposesión de bienes de su propiedad y de las inversiones realizadas en la concesión.
Luego de siete años de presentado el reclamo por los activos que le fueron desposeidos, el grupo sigue sin tener novedades de parte de las autoridades nacionales, siguiendo un criterio de prudencia y considerando el contexto actual, ha considerado prudente previsionar parcialmente el crédito registrado.
El directorio de la empresa estima también que la resolución de la cuestión vinculada con el crédito pendiente de cobro y la cancelación del canon adeudado ocurrirán en forma conjunta, por lo cual sus miembros estimaron adecuado que la previsión del crédito sea hasta el monto en el cuál se equipará la deuda con el crédito.
En este sentido, fuentes cercanas al conflicto estiman como escasas las chances de que el actual gobierno de Alberto Fernández decidan admitir el pago de una indemnización, teniendo en cuenta que fue la actual vicepresidenta la que tomó esa medida durante su gestión al frente de la Casa Rosada.
De hecho, la recisión de la concesión del servicio fue acompañada por la expropiación de todos los bienes que NTDC operaba en los 15,5 kilómetros entre los municipios de Vicente López; San Isidro; San Fernando y Tigre, en un trazado paralelo a varios barrios residenciales ubicados entre las estaciones Avenida Maipú y Delta a partir de un trayecto de 11 estaciones.
Sin embargo, la empresa mantiene su reclamo administrativo vigente a pesar de los tiempos burocráticos del Estado, y todavía no descartan iniciar acciones en la justicia para obtener la indemnización al considerar que no existen formas legales de soslayar que sufrieron un avance estatal sobre la propiedad privada.
Antecedentes de un final
En 1995, el entonces presidente Carlos Menem y Santiago Soldati, por aquel momento dueño de Sociedad Comercial del Plata (SCP), tocaron una campana que anunciaba la inauguración del Tren de la Costa.
Un servicio pensado para recorrer de 15,5 kilómetros hasta finalizar en el Parque de la Costa, otro emprendimiento controlada por el mismo grupo empresario.
El proyecto demandó inversiones por u4s350 millones con el objetivo de crear un ramal turístico de lujo que nada tendría que envidiarles a las prestaciones del Primer Mundo.
Sin embargo, el tren se fue desdibujando con el correr del tiempo y siguió la misma línea que los negocios de Soldati, que tardó 12 años en acordar con los acreedores de SCP un proceso de renegociación de su millonaria deuda que, además lo obligó a dejar el control de su holding.
En el 2013 llegó la estatización del Tren de la Costa fue impulsada por el gobierno de CFK en el marco de un proceso mayor de avance del gobierno kirchnerista en el sector ferroviario.
El Tren de la Costa fue estatizado en el 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner
Por entonces, el vocero de esta embestida fue el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien lideró la toma de control estatal de los dos ramales de carga –uno de Buenos Aires a Mendoza y el otro, a Posadas y Brasil– que explotaba América Latina Logística (ALL), una compañía brasileña que los compró en 1998.
A esto se le sumó el decreto firmado por Cristina Kirchner que incluía la estatización del Tren de la Costa, en lugar de que la entrega de la concesión se concretara de forma voluntaria.
El notable deterioro de las estaciones del ramal fue una de las principales quejas que oyó el Gobierno de parte de los intendentes en los que opera el tren, quienes se mostraban preocupados por la falta de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
Como ya es costumbre en las estatizaciones o rescisiones del kirchnerismo, no se habló nunca de compensación o dinero. Por el contrario, la reestatización de los ramales de cargas no tuvo ningún costo para la Argentina, pues los contratos contemplaban cláusulas "muy claras" de rescisión en caso de incumplimientos.
En el caso del Tren de la Costa, la intempestiva finalización del contrato dejó muchos interrogantes.
Surgió en momentos en que la sociedad controlante del servicio sufría serios inconvenientes financieros y no lograba pagar el salario del personal. Fue cuando el Gobierno decidió hacerse cargo de esos pagos a los 160 trabajadores que dependían de NTDC.
Las autoridades decidieron además incluir en la estatización todas las estaciones y los inmuebles comerciales que originariamente poblaban las paradas del tren, determinación que marca el reclamo vigente de la sociedad.
De manera paralela, argumentaron que desde 2001 que no se pagaba el canon de la concesión a pesar de que desde la empresa se sostuvo que fue el propio Estado el que prohibió aumentar las tarifas durante años mientras los costos subían, lo cual provocó un quiebre en las finanzas de la compañía.
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