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martes, 14 de enero de 2020

Gobierno argentino rescindirá contrato a Odebrecht

Gobierno argentino rescindirá contrato a Odebrecht para soterrar línea de ferrocarril

BUENOS AIRES  14 Ene (Sputnik) — El ministro argentino de Transporte, Mario Meoni, anunció que el Gobierno prepara la rescisión del contrato que otorgó el soterramiento de la línea de ferrocarriles Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre las que se encuentra la constructora brasileña Odebrecht.

"Estamos trabajando y avanzando en la idea de la rescisión de ese contrato", señaló el funcionario el lunes durante una rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.

El ministro de Transporte adelantó que "es necesario invertir más de 1.500 millones de dólares para poder hacerlo (el soterramiento) como estaba pensado originalmente".

"Entendemos que en el marco de la crisis que tenemos hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características, que además viene con muchas dificultades", señaló Meoni.

El emprendimiento de soterrar el Sarmiento, que recorre la ciudad y el oeste de la provincia de Buenos Aires, llevó a que se avanzara sobre ocho de los 18 kilómetros del proyecto, que en la actualidad se encuentra paralizado.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso en abril de 2019 el procesamiento del exministro de Planificación Julio de Vido, entre otras 25 personas, por el cobro de sobornos presuntamente pagados por la empresa brasileña Odebrecht para soterrar el ferrocarril.

La Justicia argentina confirma procesamientos a exfuncionarios y empresarios por Odebrecht

La causa investiga en la actualidad las irregularidades que se cometieron en la adjudicación de esta obra, que se cotizó en 3.000 millones de dólares y fue otorgada inicialmente a un consorcio entre Odebrecht, Iecsa, la empresa italiana Ghella y Comsa.

En Argentina hay otras dos causas judiciales que investigan los sobornos en los que incurrió Odebrecht para obtener contratos de obra pública.

La mayor constructora de Brasil reconoció ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó unos 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.

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