Citan al primo de Macri

Citan a indagatoria al primo de Macri por el soterramiento del tren Sarmiento

BUENOS AIRES 21 Abr(El Patagonico).-Así lo determinó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en el marco de la investigación por presunto pago de sobornos para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de empresas integrado por la brasileña "Odebrecht".

Angelo Calcaterra, el empresario que es primo del presidente Mauricio Macri.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó ayer a declaración indagatoria a 49 acusados -entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y el “lobista” Jorge “Corcho” Rodríguez-, en la investigación por presunto pago de sobornos para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de empresas integrado por la brasileña “Odebrecht” durante el anterior gobierno.

Las pruebas, según sostuvo el juez, “permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación al proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas” a entonces funcionarios públicos, según la resolución a la que accedió Télam, firmada en una de las causas que se tramita en la Justicia argentina a raíz del escándalo del “Lava Jato” brasileño.

Martínez De Giorgi citó a De Vido -preso ya en la causa por corrupción en Río Turbio-, a los exsecretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime (también detenido) y Juan Pablo Schiavi, y al exfuncionario de Planificación Roberto Baratta, en un extenso listado que incluye además al exsecretario de Obras Públicas José López, sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.

En cuanto a los empresarios, serán indagados integrantes de IECSA SA, Ghella SA, Odebrecht y CAESA SA, las empresas del consorcio que se adjudicó las obras.

Entre los citados están el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Antonio Calcaterra, y Santiago Altieri (de IECSA SA), Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (de Ghella SA) e Ignacio Soba Rojo (de CAESA SA).

La ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio a las 11 con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, fecha de citación para “Corcho” Rodríguez, imputado como supuesto “intermediario” entre los entonces funcionarios públicos y Odebrecht.

La investigación comenzó en marzo de 2016 por una denuncia de Graciela Ocaña a raíz de informes surgidos en medio del escándalo brasileño del “Lava Jato”, tal como se denominó al pago de multimillonarios sobornos por parte de Odebrecht para adjudicarse obra pública en distintos países.

Según un informe de la Policía de Brasil, dos de las empresas del consorcio vinculadas al ahora preso Jaime y a su también detenido “asesor” Manuel Vázquez habrían sido usadas para el pago de sobornos por parte de Odebrecht mediante la cuenta offshore de la empresa “Klienfeld Service LTd”.

“Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la Unión Transitoria de Empresas (UTE) contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular” de la licitación, remarcó el juez en la resolución.

El juez advirtió: “se observa que, en lo que respecta a la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras”.

La primera consistía en “pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes” y la otra se realizaba “mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”.

Documentos secuestrados en distintos allanamientos e informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pedidos en la investigación permitieron establecer que “tanto las empresas COMSA S.A. como IECSA S.A., registraron operaciones con la empresa CAESA S.A., al menos durante los años 2005 a 2009, en concepto de ‘servicios de consultoría’“.

Estos “servicios”, para la Justicia inexistentes, fueron compensados con “pagos efectuados por IECSA S.A. a CAESA S.A. a partir del 13 de diciembre de 2005 hasta el 1 de septiembre de 2009 por un monto total de 730.363,16 pesos, suma que trasladada a dólares a una cotización de $3,26 arroja un total de 223.694,68 dólares”, calculó el juez.

Ese total fue pagado con cuotas mensuales por parte de IECSA mientras que COMSA SA realizó pagos a CAESA, “en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2007 al 10 de diciembre de 2009, por un total de 263.097,56 pesos, suma que trasladada a dólares a una cotización de $3,44 arroja un total de 76.282,68 dólares”.

Sobre la base de informes pedidos en la causa, Martínez De Giorgi concluyó : “se puede vislumbrar un vínculo existente entre las irregularidades detectadas en las distintas etapas del proceso, realizado por la Secretaría de Transporte” para el soterramiento “con los pagos efectuados por parte de empresas de la UTE a la firma CAESA S.A. y los pagos indebidos que la firma Odebrecht confesó (en Estados Unidos) haber efectuado a funcionarios argentinos de este país”.

Las 49 citaciones abarcan a los exfuncionarios que “formaron parte de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal” u otras reparticiones que intervinieron “de manera sustancial en el irregular proceso licitatorio” y, además, a los “apoderados de las empresas privadas adjudicatarias” y sus responsables.

Según lo confesado en Estados Unidos, la constructora brasileña pagó entre 2007 y 2014 un total de 35 millones de dólares a intermediarios para sobornar a funcionarios públicos argentinos.

“Varios de esos pagos estaban vinculados, al menos, con tres de los proyectos de infraestructura de los que Odebrecht obtuvo ganancias por U$S 278 millones años 2011 y 2014”, remarcó el juez.