Aumento en Puerta

Subte a $45 y tarifazo en carpeta para los colectivos

Lo adelantó en una entrevista el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

CAPITAL FEDERAL 28 Dic (Prensa Obrera).-El tarifazo en el transporte público está en marcha. Así lo confirmó recientemente el ministro nacional de Transporte, Alexis Guerrera. Entrevistado en Infobae, el funcionario deslizó que el próximo mes el subterráneo, cuyo boleto está actualmente $30, se irá a $45. Y que frente a este hecho se evalúa aumentar este año el boleto del colectivo dependiente de la jurisdicción nacional, el que imprime la tarifa del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), para que haya así “consonancia” entre los servicios en todo el país.

Guerrera pareciera escudarse en el federalismo para justificar un tarifazo contra los trabajadores. Alegando que haría falta una “Ley Federal de Transporte” al referirse a la dependencia del precio de los boletos a la jurisprudencia de cada provincia, señala como «injusto» que la tarifa de los colectivos reguladas por la legislación nacional valga aproximadamente la mitad que en el caso de las provincias. Por tanto, dice que “es probable que este año haya una modificación en el precio”. Para el ministro la “injusticia” se resolvería ¡aumentando más el boleto para los pasajeros del Amba!. Lo cual es un dislate porque, ante todo, lo verdaderamente injusto es el precio que ya rige en las tarifas del transporte frente a los salarios de miseria que percibe el grueso de los trabajadores. Sin contar, claro, que en el Área Metropolitana de Buenos Aires viaja el mayor caudal de personas del país. Lo que Guerrera propone entonces es que sería un acto de «justicia» equiparar el precio del boleto de los distintos servicios del cordón urbano bonaerense a los elevadísimos costos del interior del país.

Pero un detalle interesante es que aduce que este punto está en discusión entre su cartera y el Ministerio de Economía. Esta frase que Guerrera dijo en tono relajado, en una entrevista sobre su vida y su trayectoria política, evidencia que este tarifazo es otro de los deberes que el FMI le reclama cumplir a Martín Guzmán para renegociar un pacto de pago de la deuda usuraria.

Amén del tarifazo que anuncia en la entrevista, también señala que mantendrán los subsidios a las empresas del transporte, y lo considera positivo para “aliviar el bolsillo del trabajador”. Lo que, como se ve, no evita que las mismas suban el precio del boleto. Se trata de la absoluta complicidad con un puñado de privatizadas que gozan de jugosos subsidios a libro cerrado, sin tener que rendir cuentas, con los que incluso han montado negociados y desvíos millonarios como lo han sabido hacer los Romero, Taselli, los Cirigliano o los Roggio. Un régimen de corruptela que han defendido a sangre y fuego junto a sus socios de la burocracia sindical y del gobierno kirchnerista como en el asesinato de Mariano Ferreyra en manos de una patota de la Lista Verde de la Unión Ferroviaria.

Estas privatizadas son las que sin embargo están también en un lobby abierto para que se reglamente el tarifazo; fundamentalmente las de colectivos. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) formuló cifras propias denominadas Índice Bondi (aunque claro, como no podía ser de otra manera, sin abrir los libros de las empresas). Con él, aducen que “pierden $30 por cada boleto”, y buscan presionar al gobierno, que ya subsidia con los ojos cerrados el equivalente de $70 por pasaje, para que permita un aumento de la tarifa sin tocarle las prebendas.

En los hechos, este incremento vendría a confiscar de manera brutal a los millones de trabajadores que a diario utilizan el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y que en su amplia mayoría de los casos lo hacen combinando servicios entre colectivos, trenes y el subterráneo. Según Moovit Insights, el 39% de las personas en el Amba hace al menos una combinación en su viaje cotidiano, y el 23% dos o más. Este tarifazo tendrá entonces un impacto mayúsculo, cuando los salarios de pobreza son la regla en el país: se estima que el 60% de la población promedia ingresos de $51.000.

Hay que abrir los libros de las privatizadas al control popular, investigar dónde fueron a parar los subsidios, cómo se gestó la concentración empresaria que hoy se reparte el control de trenes, subterráneo y colectivos y las maniobras de vaciamiento que llevaron a cabo sobre estos servicios. Un planteo en función de apuntar hacia la nacionalización del transporte público bajo la dirección de sus trabajadores y usuarios, que debe ser parte integral de una refundación del país sobre nuevas bases sociales rompiendo de fondo con las directivas del FMI sobre la Argentina; que son las que ordenan un cuadro mayor de tarifazos contra los trabajadores y el bolsillo popular.