Procesan al Intendente K

Procesan al intendente K de Río Turbio Pérez Osuna y a Roberto Baratta

17 Feb(Clarin).-El juez Rodríguez, que investiga un fraude a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, procesó también al decano de la UTN de Santa Cruz, al ex secretario de Minería y otros funcionarios.

El ex ministro Julio de Vido, con el ex interventor en YCRT, Atanasio Pérez Osuna. Ambos procesados.

Yacimiento Carboníferos de Río Turbio

Julio De Vido

En el expediente en el que se procesó y dictó la prisión preventiva a Julio De Vido por defraudación al Estado en la causa que investiga el desvío de fondos vinculados a la mina de carbón de Río Turbio, el juez federal Luis Rodríguez procesó como coautores de la defraudación, a Atanasio Pérez Osuna, actual intendente de la localidad santacruceña, y al decano de la UTN Santa Cruz, Martín Goicochea con un embargo de 250 millones de pesos cada uno. También procesaron sin prisión preventiva a los ex funcionarios K Roberto Baratta -que está preso por la compra de gas natural licuado-, el ex secretario de Minaría Jorge Mayoral, y a otros doce imputados, cuyo embargo se fijó en 170 millones de pesos.

La decisión del juez Rodríguez se conoce después del pedido del fiscal de la causa, Carlos Stornelli quien pidió el procesamiento y detención de los involucrados en las maniobras defraudatorias, al “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucraron al ex ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.

Así, a través de una fundación vinculada a la Facultad se realizaron compras y contrataciones “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”.

En esta instancia, sin embargo, el magistrado se centró en una serie de convenios con los que se materializaron "conductas criminales que originaron un perjuicio económico a las arcas del Estado Nacional".

Se investigaron los convenios celebraron por 4.866.400.000 pesos, "de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos", de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según la resolución de 387 páginas, el perjuicio ocasionado al Estado es de 176 millones de pesos. El importe se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados en el sumario, por 91.990.000 pesos y 84.083.000 pesos, respectivamente.

El informe de la SIGEN determinó que además, existe un monto 88.320.750 pesos en concepto de “gastos administrativos” que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT.

La maniobra se efectivizó a través de la suscripción del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre la UTN y YCRT, celebrado por el entonces interventor –fallecido- ingeniero Lucio Enrique Mercado y el Rector de la UTN, ingeniero Héctor Carlos Brotto. La finalidad era brindar asistencia técnica a través de cursos de capacitación por parte de la Universidad a la empresa minera.

Estos convenios, según el juez, fueron " el instrumento legal fundamental a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal".

La acusación

Al analizar la intervención de cada uno de los procesados, entre ellos Pérez Osuna quien se desempeñaba como interventor de YCRT, el magistrado señaló que se trató de un "andamiaje construido que permitió, bajo un aparente cumplimiento de los fines públicos que las entidades persiguen y de las funciones asignadas a cada uno de los funcionarios y empleados públicos involucrados, administrar a discreción y sin limitación normativa alguna fondos públicos que el Estado Nacional expresamente decidió asignar a YCRT".

El juez determinó que hubo "un claro perjuicio patrimonial al Estado que se compone de las comisiones efectivamente abonadas con fondos del Estado Nacional a la FRSC y a la Fundación".

Fondos de la Fundación

En todo intervino la FRSC, que tenía como decano a Martín Juan Goicoechea. Bajo investigación estuvieron al menos nueve convenios por cifras millonarias.

Así, fondos que el Estado destinaba a YCRT "eran gestionados por una entidad privada como la Fundación, que no se encuentra sujeta a ninguna normativa sobre contrataciones, utilizando como intermediario a la FRSC", explicó Rodríguez. Fue definido como un "manejo discrecional" diseñado para "eludir todos los controles y procedimientos administrativos" a la hora de realizar contrataciones.

Asimismo, se bloquearon las cuentas bancarias de la fundación, que ajeno a sus fines adquirió inmuebles en San Isidro en medio de la recepción de fondos del Estado. La fundación se encuentra intervenida por orden de Rodríguez. Además, se cobraron 6.6000.000 pesos con cheques al mostrador por una sola persona, sin explicación, y que a la fecha se desempeña en el gobierno Alicia Kirchner.

Otros millones de pesos "fueron destinados a una persona que habría sido al mismo tiempo empleado de la firma “Austral Construcciones”, y a una empresa constituida por un funcionario del gobierno provincial que en el año 2012 compró un vehículo de alta gama y autorizó su manejo al hijo del ex Ministro De Vido". Y por último, más de medio millón de pesos fue abonado en base a "facturas falsas mediante un cheque cuyo endoso no sería verdadero".

Convenios bajo sospecha

Uno de los convenios más cuestionados, fue el que tenía como fin el desarrollo de Tren Turístico Eva Perón, que encabezó el ex funcionario Roberto Baratta.

Hubo 66 Convenios Específicos para ejecutar distintas actividades para la "puesta en valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón". El monto para este proyecto fue de 667.807.728,64 pesos.

Fue otra obra inconclusa: "El 10 de octubre de 2015 se realizó un acto de inauguración parcial con la presencia, entre otros, de Goicoechea, Alvarez y Alicia Kirchner; y con posterioridad a ello no se continuó con la ejecución de las obras", indicó Rodríguez.

Para evitar los controles legales, el juez consignó la herramienta utilizada fue el "fraccionamiento de los pedidos en convenios específicos que no superaran individualmente el límite máximo que el Interventor del YCRT podía decidir".

El juez concluyó que en los convenios "no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos, lo que satisface el requisito típico del delito en cuestión".