Calcaterra

Denunciaron a Calcaterra por el pago de coimas de la brasileña Odebrecht

BUENOS AIRES 4 Ene(Ambito).-La Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez recibió una denuncia contra Ángelo Calcaterra, por haber sido adjudicatario del soterramiento del Sarmiento, una de las obras sospechadas de sobornos.La Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez recibió una denuncia contra Ángelo Calcaterra, por haber sido adjudicatario del soterramiento del Sarmiento, una de las obras sospechadas de sobornos.El presidente de la empresa Iecsa Ángelo Calcaterra fue denunciado ante la Justicia por sus presuntos vínculos en los pagos de coimas admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina.Según pudo saber ámbito.com, la presentación fue realizada este miércoles ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, donde ya se encaró una recolección de datos sobre tres grandes obras a cargo de la compañía de Marcelo Odebrecht en el país: una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del Sarmiento, adjudicado a Calcaterra, primo de Mauricio Macri.Semanas atrás, se conoció en los Estados Unidos un acuerdo judicial por el que las firmas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables -en marco de la causa 'Lava Jato'-, de violar normas contra sobornos fuera del país. Según un documento aportado por el Departamento de Justicia estadounidense, donde se lleva adelante el juicio por los casos de presunta corrupción en Brasil, Odebrecht pagó sobornos por más de u$s 35 millones en Argentina entre 2007 y 2014.El fiscal Rodríguez busca desde aquí las pruebas del delito confesado que llevan a Brasil, como licitaciones, presupuestos, cotizaciones, posibles sobreprecios y hasta mails de exfuncionarios.La reciente denuncia no solo alcanza al primo del Presidente. También incluye a Juan José Aranguren y otros funcionarios anónimos del Ministro de Energía y Minería, que mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros cara a cara con enviados de la firma brasileña. El trámite fue recibido por la prosecretaria administrativa de la Procuraduría anticorrupción, Silvia Alizandro."Entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino quien le provee los fondos a Calcaterra, pues en la primigenia, era el adjudicatario el que debía proveerlos, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito", sostuvo en el abogado denunciante, Daniel Igolnikov.Igolnikov pide seguir la doctrina del iter criminis, que significa "recorrido del delito", y que supone un antes y después del ilícito, con una sucesión de aconteceres, donde los que participan son cómplices o encubridores, como sería Calcaterra en el pago de coimas a los argentinos."Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido" en las 25 reuniones que menciona el diario La Nación, sea con funcionarios actuales o de la anterior gestión, expresó el letrado."Como ciudadano detesto que un hecho de presunta corrupción se investigue solo como propaganda partidaria, se viole el principio de inocencia y se vulnere el derecho a estar libre de prisión por la mera presunción y se continúen violando la Constitución Nacional y los tratadfos internacionales, como en el caso de Milagro Sala", afirmó Igolnikov.

• Las otras denuncias

Poco después que surgió la información del pago de coimas, la diputada nacional Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez se presentaron en la Justicia federal y denunciaron el caso, aunque solo solicitaron investigar los posibles delitos cometidos por funcionarios kirchneristas. Esa pesquisa quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli, el investigador de la llamada "causa Hotesur S.A.", que suele pasar las Fiestas de Fin de Año con Sergio Massa en Pinamar.En su presentación, Stolbizer solicitó a Stornelli -encargado de seguridad de Boca Juniors- que le pida al Ministerio del Interior el detalle de todas obras adjudicadas a Odebrecht, y a la IGJ los expedientes de estatutos y modificaciones societarias de la firma, como así también los estados contables de la constructora extranjera, por medio de la Cancillería.El escrito firmado por Martínez también se refiere al soterramiento del Sarmiento, una de las primeras obras que Macri visitó poco después de asumir la primera magistratura. "Fue anunciado por Néstor Kirchner y nuevamente por Cristina Kirchner en enero de 2008, cuando anunció que serían 36 meses de obra, pero recién en 2010, y luego de cuatro anuncios, el Gobierno entregó el anticipo del precio con el que se plantó una tunelera de 12 metros de diámetro pintada prolijamente con los colores de los festejos del Bicentenario. Así arrancó el obrador que instalaron las empresas Iecsa, Odebrecht, Comsa y la italiana Ghella. Al momento de la adjudicación, la líder del consorcio era Iecsa, una firma de Ángelo Calcaterra. Sin embargo, con el tiempo el financiamiento original se reemplazó por otro del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) y Odebrecht pasó a liderar la obra", señaló la legisladora del FAP.Iecsa es una de las principales contratistas de obra pública en la Argentina. Hasta 2007 integró el grupo Socma, cuando Franco Macri decidió vendérsela a su sobrino para no estropear el inicio de la gestión de su hijo Mauricio en la Ciudad.En 2015 se difundió en varios medios periodísticos información concreta de que Iecsa era cliente de la financiera "La Rosadita", que compartió varias sociedades con las empresas de Lázaro Báez y que Macri todavía controla a la firma, ya que se Socma se quedó con las acciones de ODS en garantía, hasta que Calcaterra pudiera cancelar la deuda originada por la compra a Franco, hecho que aún no sucedió.El año pasado la Nación impulsó el Decreto 797/2016, que fue publicado en el Boletín Oficial, y modifica el Presupuesto anterior para afrontar "gastos previsionales" por $ 76.000 millones para la Anses, a la vez que habilitó un endeudamiento de $ 100.000 millones para concretar diversas obras para los próximos años. Una de ellas, es el "techado" del trayecto las estaciones Caballito y Haedo, del ramal que une la Ciudad con el oeste del conurbano bonaerense.Ese Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no fue firmado por Macri, sino por Gabriela Michetti y el resto del gabinete, con la intención de reactivar obras y ocultar patrocinios, aunque se sospecha que benefició principalmente a su primo Ángelo, ganador de la construcción del soterramiento. Por este decreto supuestamente direccionado también se tramita otra denunciada penal impulsada por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, que descansa en el despacho del juez federal Sebastián Ramos.