‘Lava Jato’: la Justicia allanó empresas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento
BUENOS AIRES 6 Jun(El Cronista).-Martínez de Giorgi, el juez a cargo de la causa, fue quien ordenó los procedimientos luego del pedido del fiscal Picardi. En la causa está imputado Jaime y apuntan a De Vido.
BUENOS AIRES 6 Jun(El Cronista).-Martínez de Giorgi, el juez a cargo de la causa, fue quien ordenó los procedimientos luego del pedido del fiscal Picardi. En la causa está imputado Jaime y apuntan a De Vido.
‘Lava Jato’: la Justicia allanó empresas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso ayer allanamientos en las sedes de las empresas Iecsa, Comsa y Ghella, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos de Odebrecht para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento. De acuerdo a fuentes judiciales, los procedimientos fueron pedidos por el fiscal del caso, Franco Picardi, al magistrado en la investigación sobre uno de los capítulos del escándalo "Lava Jato" en Brasil.Los allanamientos también tuvieron lugar en las empresas Detall y la consultora Caesa, esta última de Manuel Vázquez, ex asesor del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En la causa están imputados Jaime y Vázquez por el presunto cobro de sobornos por parte de Odebrecht, aunque Picardi también apunta a las máximas autoridades del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba Julio De Vido.La semana pasada, Picardi había pedido entrecruzamientos telefónicos entre directivos de Odebrecht y ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, además de detalles de las visitas de empresarios a distintas carteras, ante la sospecha del pago de sobornos en las obras del soterramiento del tren Sarmiento. El fiscal solicitó también que se revise el contrato por el soterramiento del tren Sarmiento entre el Estado y una Unión Transitoria de Empresas conformada por Odebrecht, Iecsa, y otras dos firmas. Iecsa era propiedad del primo del Presidente de la Nación Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.Picardi además reclamó que se realice un entrecruzamiento telefónico entre empresarios y ex funcionarios, y que se brinde información sobre las visitas de integrantes de esa firma a los ministerios de Planificación Federal, de Economía, Interior, Transporte y la Secretaría de Obras Públicas.Según indicó el fiscal, entre 2005 y 2014 hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública, de acuerdo al escrito difundido a la prensa. Picardi pidió entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario Jaime, Vázquez y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA", incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa y Comsa, con sede o filial en el país".Picardi es uno de los fiscales que el viernes pasado estuvo en Brasil, como parte de la delegación que viajó al país vecino para solicitar información vinculada al pago de sobornos que Odebrecht realizó en Argentina, estimados en u$s 35 millones y que desde la Procuración y el Ministerio de Justicia, por vías separadas, buscan descifrar.En tanto, en otra denuncia relacionada, el fiscal federal Federico Delgado pidió informes sobre un crédito suscripto en 2008 entre la empresa de aguas AySA y Odebrecht por $ 890 millones. En ese expediente se investigan supuestas anomalías en la construcción de una planta potabilizadora en el partido de Tigre.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso ayer allanamientos en las sedes de las empresas Iecsa, Comsa y Ghella, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos de Odebrecht para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento. De acuerdo a fuentes judiciales, los procedimientos fueron pedidos por el fiscal del caso, Franco Picardi, al magistrado en la investigación sobre uno de los capítulos del escándalo "Lava Jato" en Brasil.Los allanamientos también tuvieron lugar en las empresas Detall y la consultora Caesa, esta última de Manuel Vázquez, ex asesor del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En la causa están imputados Jaime y Vázquez por el presunto cobro de sobornos por parte de Odebrecht, aunque Picardi también apunta a las máximas autoridades del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba Julio De Vido.La semana pasada, Picardi había pedido entrecruzamientos telefónicos entre directivos de Odebrecht y ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, además de detalles de las visitas de empresarios a distintas carteras, ante la sospecha del pago de sobornos en las obras del soterramiento del tren Sarmiento. El fiscal solicitó también que se revise el contrato por el soterramiento del tren Sarmiento entre el Estado y una Unión Transitoria de Empresas conformada por Odebrecht, Iecsa, y otras dos firmas. Iecsa era propiedad del primo del Presidente de la Nación Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.Picardi además reclamó que se realice un entrecruzamiento telefónico entre empresarios y ex funcionarios, y que se brinde información sobre las visitas de integrantes de esa firma a los ministerios de Planificación Federal, de Economía, Interior, Transporte y la Secretaría de Obras Públicas.Según indicó el fiscal, entre 2005 y 2014 hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública, de acuerdo al escrito difundido a la prensa. Picardi pidió entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario Jaime, Vázquez y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA", incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa y Comsa, con sede o filial en el país".Picardi es uno de los fiscales que el viernes pasado estuvo en Brasil, como parte de la delegación que viajó al país vecino para solicitar información vinculada al pago de sobornos que Odebrecht realizó en Argentina, estimados en u$s 35 millones y que desde la Procuración y el Ministerio de Justicia, por vías separadas, buscan descifrar.En tanto, en otra denuncia relacionada, el fiscal federal Federico Delgado pidió informes sobre un crédito suscripto en 2008 entre la empresa de aguas AySA y Odebrecht por $ 890 millones. En ese expediente se investigan supuestas anomalías en la construcción de una planta potabilizadora en el partido de Tigre.
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