El Círculo Rojo. Ley ómnibus: un tren fantasma
La Ley ómnibus que el Gobierno de Javier Milei envío este miércoles al Congreso contiene tantas agresiones a los de abajo y tantos beneficios a los de arriba que es muy difícil empezar por algún lado.
Para sintetizar, es claro que Milei busca concentrar todo el poder, en tanto el artículo 3° se declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.
Esto significa, lisa y llanamente, que el Poder Ejecutivo podrá decidir, sin seguir las normativas vigentes, sobre todos estos temas.
Vamos a repasar algunos de los principales aspectos en términos económicos.
Para los haberes jubilatorios establece, en el Articulo 106, suspende la aplicación de la fórmula de movilidad. No solo eso. Autoriza aumentos realizados por el Poder Ejecutivo, supuestamente beneficiando prioritariamente a los adultos mayores de bajos ingresos, es decir a aquellos que cobran el haber mínimo. Pero no así para el resto de las jubiladas y jubilados, que perciben ingresos por encima de la mínima y que podrían empezar a perder más de lo que perdieron hasta ahora.
El anuncio de la continuidad durante enero y febrero del bono de $55 mil para el haber mínimo, sin que haya aumento adicional, en un contexto con la inflación por encima del 20 %, implica que ya se están licuando los haberes jubilatorios.
La Ley Ómnibus también faculta al Ejecutivo a establecer la nueva fórmula. El Gobierno de Alberto Fernández también suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria para luego llevar al Congreso una nueva propuesta, que hemos criticado, pero que se votó allí. Ahora, tal vez, el Ejecutivo podría implementar una nueva fórmula sin pasar por el Congreso.
Si se une esta suspensión de la movilidad jubilatoria con el cuadro de Excel que se difundió el Ministerio de Economía luego del mensaje que dio Luis Caputo hace dos semanas para presentar el programa económico, no se puede deducir otra cosa que se va a ajustar a las jubiladas y jubilados. En ese cuadro se establecía un ahorro de 0,4 % del PIB en haberes jubilatorios. Parece poco en relación al PIB, pero es mucho para la masa de haberes jubilatorios.
A los adultos mayores también se les va a tocar, más precisamente robar, los recursos que existen en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES que pasará a manos del Tesoro, es decir del Ministerio de Economía.
El FGS surgió cuando se terminaron las AFJP en 2007. Las AFJP tenían inversiones en empresas y en otros activos. Todo eso pasó a manos del FGS.
Además de acciones de empresas, el FGS tiene en sus manos deuda pública que se cancelaría por la decisión burocrática de pasar todos los activos al Tesoro. Es decir, una suerte de default o paga dios a los jubilados.
Pero, además el FGS, tiene acciones de 41 empresas privadas y otras colocaciones financieras. Tiene, entre otras, acciones del Grupo Clarín, de Pampa Energía, del Banco Macro. Al quitarse todo tipo de reglamentación, de restricción, para operar con los activos del FGS y al pasar todos los activos a manos de Luis Caputo, es decir de manos peligrosas.
Por lo cual, no se puede descartar que se haga algo que el FMI ya había indicado durante el Gobierno de Mauricio Macri. El macrismo intentó avanzar, pero no lo hizo mucho. Si la perspectiva es que el Tesoro venda las acciones de empresas en manos del FGS, en principio se puede generar un perjuicio a las empresas si baja la cotización de las acciones al aparecer un gran oferente. Pero, esto mismo, puede ser una oportunidad el Grupo Clarín, Pampa Energía, Banco Macro para recomprar acciones a bajo precio.
Es música del futuro. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas que puede ser esa la perspectiva. La última valuación del FGS es de U$S76 mil millones. Esa valuación estaba hecha al tipo de cambio oficial anterior. Ahora es probable que se haya devaluado. Como sea, es un montón de plata que les robarán a los jubilados.
Sobre el endeudamiento público, la Ley Ómnibus propone dos cambios centrales. Por un lado, deroga la ley impulsada por Martín Guzmán que obligaba a que el endeudamiento externo pase por el Congreso.
Por otro lado, se remueve el criterio que existe hasta ahora, por la ley de administración financiera, de que cualquier reestructuración de deuda tiene que mejorar la tasa de interés, el plazo o el monto de la deuda.
Blanqueo de capitales que, por ejemplo, a quien blanquee hasta U$S100 mil lo exime de pagar nada. Para montos superiores habrá escalas progresivas, pero muy reducidas.
No solo eso. En paralelo, se propone una disminución progresiva del impuesto a los bienes personales. Por lo tanto, quien blanquea pagará poco ahora, pero también en el futuro gracias a la reducción del impuesto a los bienes personales.
Más en general, se propone un régimen especial para grandes inversiones con rebajas impositivas y estabilidad fiscal por treinta años. Por ejemplo, la alícuota máxima para el Impuesto a las Ganancias será del 25 % cuando la alícuota máxima actual es del 35 %. Por lo cual, si en el futuro un gobierno, por una situación de crisis o el motivo que fuera, quisiera aumentar algún impuesto, no podrá afectar a las empresas que inviertan en el marco del régimen especial.
También se propone privatizar empresas públicas o empresas donde el estado tiene participación accionaria, entre otras YPF, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina.
En hidrocarburos, cuyo epicentro es el desarrollo de Vaca Muerta, la ley ómnibus deroga el objetivo de “autoabastecimiento” y lo cambia explícitamente por el de "aumentar la renta". Esto implica que se liberan exportaciones e importaciones.
En hidrocarburos cada vez queda más claro que las empresas son liberadas para que hagan un gran negocio y que emerge Techint de Paolo Rocca, con Tecpetrol que opera en Vaca Muerta, como una de las grandes ganadoras de la era Milei. Les recomiendo una nota de Esteban Martiné en La Izquierda Diario donde detalla todos los beneficios que existen para las petroleras.
Además de la Ley Ómnibus, el gobierno envío para su tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso, otros proyectos como el que restituye el Impuesto a las Ganancias para una gran parte de trabajadoras y trabajadores, otro que busca la implementación del sistema de boleta única electoral y varios acuerdos bilaterales sobre “doble imposición”. Se trata de acuerdos con Japón, Luxemburgo, China y Turquía.
Beneficiarán a empresas multinacionales radicadas en países con cargas tributarias reducidas en relación a la Argentina. Los acuerdos enviados al Congreso fueron impulsados en el Gobierno de Mauricio Macri.
Si se aprueban, la implicancia es que el Estado pierde recaudación porque las multinacionales pagarán menos impuestos. Entre las beneficiarias está Techint, con sede en Luxemburgo, la japonesa Toyota y multinacionales chinas, como el Banco ISBC.
En simultáneo que se reduce la carga tributaria a las multinacionales se le aumentará el número de trabajadoras y trabajadores que será alcanzado por el Impuesto a las Ganancias aplicado al salario, aunque el nuevo proyecto sobre impuesto al salario todavía no llegó al Congreso.
Como resulta evidente la Ley Ómnibus es realidad es un tren fantasma que trae beneficios para los sospechosos de siempre: para la élite económica, para la casta más rica del país.
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