Con los trenes, el Gobierno concluyó la conversión de las empresas estatales en sociedades anónimas
CABA 27 Dic (Infobae).-El proceso finalizó con la inscripción de Ferrocarriles Argentinos, lo que facilita eventuales procesos de privatización o asociación con capitales privados bajo la legislación vigente
Trenes Argentinos fue la última conversión de empresa estatal en sociedad anónima
El Gobierno nacional completó la transformación de todas las Sociedades del Estado en sociedades anónimas, tras la inscripción de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado como Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), informó el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo.
La medida se implementó conforme a lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023, y constituyó el cierre del programa de reorganización de empresas estatales impulsado por el presidente Javier Milei.
“Con esta inscripción, se completa el proceso de reorganización de todas las sociedades del Estado Nacional, ordenado por el Presidente”, afirmó Vítolo mediante un comunicado oficial. El decreto de 2023 estableció que las sociedades o empresas con participación estatal, cualquiera fuera su tipo o forma societaria, debían transformarse en sociedades anónimas, quedando así sujetas a la Ley General de Sociedades N° 19.550, en las mismas condiciones que las empresas privadas y sin prerrogativa pública.
La inscripción de Ferrocarriles Argentinos representa la culminación formal de un proceso que abarcó la adecuación legal y registral de todas las empresas estatales nacionales. Previamente, se había completado la transformación de compañías como Administración de Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam, entre otras.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas estuvo a cargo de la operatoria, actuando como Unidad Ejecutora Especial temporaria, de acuerdo con los artículos 29 y 30 del Decreto 644/2024. Este organismo coordinó los aspectos técnicos del proceso de adecuación estatutaria y registral.
Empresas públicas: los números de las sujetas a privatización y cuántos dólares pueden darle al GobiernoVítolo señaló que, cuando el Presidente anunció la decisión de avanzar con estas transformaciones, existía escepticismo debido a que proyectos similares se habían anunciado en décadas anteriores sin concretarse. Según el funcionario, el objetivo se cumplió y ahora “renace la esperanza”, al confirmarse la viabilidad de un proceso de transformación estatal eficiente y pacífico, siempre que exista una decisión política firme.
La conversión de las empresas estatales en sociedades anónimas implica un cambio legal y organizativo con impacto en la estructura institucional del Estado argentino. Hasta este cambio, las Sociedades del Estado operaban bajo regímenes especiales, con normas propias y prerrogativas públicas. Al convertirse en sociedades anónimas, esas particularidades desaparecen y las empresas pasan a regirse por el derecho societario común, igual que las firmas privadas.
Este punto resulta relevante porque, al quedar sujetas a la Ley General de Sociedades, las empresas estatales adquieren una estructura jurídica compatible con eventuales procesos de privatización, concesión o ingreso de capital privado, sin requerir marcos legales especiales.
Fuentes oficiales y participantes en la elaboración de la nota publicada por Infobae sobre privatizaciones el 15 de noviembre, indicaron que la conversión es condición previa para avanzar con ventas o concesiones. En ese marco, se informó que “el pliego de la licitación está casi listo” para la venta de Belgrano Cargas y Logística S.A., una de las principales empresas ferroviarias públicas, con más de 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias. Su privatización fue programada mediante el Decreto 67/2025. El modelo contempla una privatización total mediante desintegración vertical: el material rodante será objeto de remate público, las vías y los inmuebles se concesionarán y los talleres serán licitados también como obra pública. El Gobierno prevé publicar los pliegos en el Boletín Oficial antes de fin de año para iniciar el proceso formal.
La transformación en sociedades anónimas de compañías como Ferrocarriles Argentinos no obliga a la privatización, pero establece un marco legal que facilita su implementación. La estructura de sociedad anónima permite la emisión de acciones, la incorporación de capitales no estatales, la transferencia total o parcial de participación accionaria y otorga flexibilidad para ajustar los esquemas de gobernanza. Analistas consultados consideran que es la vía más adecuada para ejecutar mecanismos de desinversión estatal sin obstáculos jurídicos.
El plan de privatizaciones que implementa el Gobierno responde a compromisos asumidos con organismos internacionales y a lineamientos de política económica orientados a reducir el rol empresario del Estado. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se comprometió a presentar una hoja de ruta para la privatización y concesión de empresas estatales, junto con directrices para “garantizar un proceso de privatización eficiente y transparente” de las compañías incluidas en la Ley de Bases, el marco legal que habilitó la reforma de estructuras públicas, según consignó Todo Noticias.
La lista de empresas incluidas en esa agenda abarca firmas estratégicas de sectores clave de la economía, como Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales, todas ellas contempladas en planes de venta, concesión u otros mecanismos de participación privada, según Infobae.
Ferrocarriles Argentinos representa un activo emblemático dentro del Estado empresario. Hasta ahora, la empresa funcionaba bajo el régimen de Sociedad del Estado con control estatal total, pero desde su conversión opera como sociedad anónima unipersonal, lo que la equipara legalmente a cualquier firma privada, aunque el Estado nacional conserve el cien por ciento de las acciones.
Ese cambio habilita, en términos técnicos, la transferencia total o parcial del control accionario, así como la posibilidad de articular concesiones o asociaciones estratégicas con capital privado bajo reglas de mercado. El avance en la privatización de Belgrano Cargas —actualmente en etapa de publicación de pliegos para su licitación— ilustra cómo el Gobierno proyecta utilizar este marco normativo para avanzar en el proceso una vez que las empresas se ajusten al derecho societario común.
Desde el punto de vista institucional, la transformación concluye una etapa de reformas jurídicas consideradas necesarias por el Ejecutivo para alinear el sector público con las prácticas de mercado y dotar de mayor “competitividad” a las empresas estatales. Las decisiones sobre qué compañías serán privatizadas, concesionadas o reorganizadas se definirán caso por caso, según criterios económicos, financieros y estratégicos.
Con la inscripción de Ferrocarriles Argentinos SAU, el Gobierno considera finalizado un proceso que establece las bases legales y estructurales para una mayor participación del sector privado en empresas que, hasta ahora, operaban bajo regímenes especiales. Este avance, en cualquier escenario, transformará la relación del Estado argentino con su aparato empresario y contribuirá a definir la próxima etapa de su política económica y de desinversión estatal.
