Prorrogan nuevamente la concesión vencida de Ferrosur Roca
AMBA 2 Oct (EnElSubte).-El gobierno nacional prorrogó nuevamente la concesión de la carguera Ferrosur Roca. Es la segunda prórroga que obtiene la firma, cuyo contrato venció en 2023. Meses atrás ya habían sido prorrogadas las concesiones de FEPSA y NCA. Las tres concesionarias se mantienen en un limbo: ni se adecúan a la legislación vigente, que prevé el retorno de la infraestructura al Estado, ni a las "nuevas" concesiones de la "ley Bases", que no las incluye. Tren Patagónico y la pista de un nuevo "acuerdo sin exclusividad".
El contrato de concesión de la carguera Ferrosur Roca fue prorrogado por segunda vez, pese a que lleva vencido desde fines de 2022 y que según la legislación vigente la administración de vías, estaciones y el control de la circulación de trenes debería haber retornado al Estado.
Este martes, el Ministerio de Economía emitió la resolución 991/2024, mediante la que se extiende por otro año más en forma precaria la concesión de la empresa. De esta manera, la compañía continuará administra los servicios cargueros de la línea Roca al menos hasta septiembre de 2025.
Con la publicación de esta resolución se cierra un nuevo ciclo de prórrogas de las concesiones cargueras: en los meses previos se habían emitido normas similares para extender los contratos de Ferroexpreso Pampeano (FEPSA, en abril pasado) y Nuevo Central Argentino (NCA, en junio).
El contrato de concesión de Ferrosur, cabe recordar, venció en marzo de 2023 luego de cumplido el plazo de 30 años contemplado. Ante la inminente caducidad del contrato y la falta de definiciones sobre la implementación del acceso abierto, la gestión anterior prorrogó los contratos por 18 meses.
Se trató de una decisión entonces objetada por múltiples organizaciones sociales, ferroviarias y gremiales, así como por diversos especialistas, debido a que resoluciones anteriores del mismo gobierno habían advertido que las concesiones –contradictoriamente extendidas– fueron lesivas para el patrimonio estatal.
La prórroga publicada este martes obedece al vencimiento de esa extensión de 18 meses aprobada a fines de 2022 y busca dar cobertura legal a la operación de Ferrosur y garantizar su continuidad en lo inmediato.
Si bien la actual gestión insiste en una nueva privatización del sistema ferroviario -la privatización de la operadora estatal de pasajeros SOFSE y la de cargas TAC está contemplada en la “ley Bases”-, lo cierto es que aún no está claro qué ocurrirá a futuro con las concesiones sobrevivientes de los años 90.
En tanto la ley Bases no deroga ni modifica el régimen vigente, establecido por la ley de Ferrocarriles Argentinos de 2015 -sancionada en su momento por unanimidad-, continúa vigente el objetivo de implementar un esquema de acceso abierto a la europea, con administración estatal de la infraestructura y libre competencia (pública o privada) en la operación.
La continuidad de las concesiones, al menos en los términos actuales, resulta incompatible con ese sistema, que requiere que la infraestructura ferroviaria pase a ser administrada efectivamente por el Estado y no por los operadores. Incluso, la resolución ministerial 211/2021, que rechazó en su momento el pedido de extensión de los contratos de las concesionarias por otros diez años, estableció ya en lo formal la devolución de la infraestructura a la ADIF.
La reciente firma de la prórroga de la concesión de Tren Patagónico -que en este caso fue de solo 180 días- ofrece pistas acerca de un posible camino de adecuación al marco normativo vigente. En este sentido, el Gobierno comunicó que en ese plazo se avanzaría en la negociación de “un nuevo acuerdo sin exclusividad”, aunque sin mediar mayores precisiones.
Por lo pronto, las sucesivas prórrogas de las concesiones no hacen más que perpetuar un escenario de indefinición. El statu quo actual, además de no corresponder con la normativa vigente, tampoco ofrece perspectivas positivas para la operación ferroviaria.
Las propias cargueras reconocen que la red no ofrece rentabilidad suficiente para justificar las inversiones necesarias en infraestructura por parte del sector privado. El correlato de esto ha sido la pérdida de ramales operativos -en el caso de Ferrosur, la conexión con el puerto de Quequén– y el deterioro de las condiciones de circulación en los ramales que aún están en funcionamiento, lo que ya ha comenzado a afectar las prestaciones de los servicios de pasajeros: tanto el Tren del Valle a Cipolletti como el tren de larga distancia entre Plaza Constitución y Bahía Blanca se encuentran suspendidos a raíz de problemas de infraestructura sobre la red concesionada a Ferrosur.
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