Sáenz lleva a Santilli el reclamo por los trenes que ayudó a privatizar
ACABA 19 Oct (Pagina 12).-El gobernador se reunirá con el jefe de Gabinete para exigir inversiones obligatorias en los ramales C-14 y C-15. El reclamo reaviva las críticas por el respaldo de legisladores salteños a la Ley Bases que habilitó la privatización del Belgrano Cargas.
El gobernador Gustavo Sáenz volverá a llevar a la Casa Rosada un reclamo que expone una de las principales contradicciones políticas de su relación con el gobierno de Javier Milei: exigir inversiones ferroviarias que no quedaron garantizadas en el proceso de privatización del Belgrano Cargas, habilitado por la Ley Bases, que acompañaron legisladores vinculados al oficialismo salteño. El miércoles, a las 15, se reunirá con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para reclamar que la recuperación de los ramales C-14 y C-15 sea incorporada como una obligación para las futuras empresas concesionarias.
La discusión excede los pliegos de una licitación. Para Salta, los corredores ferroviarios son estratégicos para la minería, la producción agropecuaria y la conexión con los mercados de Chile y Bolivia. Pero también abren una disputa política, ya que mientras el gobernador busca que la Nación garantice las obras, un sector del peronismo salteño cuestiona que los mismos dirigentes que respaldaron las políticas nacionales reclamen ahora por sus consecuencias.
La reunión contará con la presencia del secretario de Transporte, la del presidente del Belgrano Cargas y de representantes de cámaras empresarias salteñas. El objetivo es que las obras pendientes de ambos ramales no queden sujetas a la evaluación de rentabilidad que hagan los futuros operadores. “La defensa de los derechos e intereses de Salta es una condición irrenunciable por parte del gobierno provincial”, reafirmó Sáenz al anunciar el encuentro.
Sin embargo, el planteo provincial llega después de que el Gobierno nacional avanzara con una licitación que dejó parte de las intervenciones del C-14 y el C-15 dentro de las inversiones optativas y adicionales. La concesión está prevista por 50 años y las ofertas se conocerán el 11 de noviembre. Por eso, el reclamo de Salta apunta a modificar las condiciones antes de que se definan los futuros operadores y las inversiones que estos asumirán.
El problema político es que la privatización no es una decisión ajena al espacio que gobierna Salta. La Ley Bases habilitó el proceso y contó con el acompañamiento de representantes vinculados al gobernador en lo que era el bloque Innovación Federal: Pamela Calletti, hoy auditora general de la Nación, mientras que continúan en sus bancas Pablo Outes y Yolanda Vega (bloque Argentina Federal). Ahora, Sáenz busca que la Nación incorpore compromisos que los pliegos no establecieron como obligatorios para la totalidad de las obras reclamadas.
Una mala interpretación, pero sin garantías
El senador provincial de La Libertad Avanza, Roque Cornejo, intentó bajar la tensión en torno a la controversia y defendió el esquema diseñado por el Gobierno nacional. En declaraciones publicadas por el diario El Tribuno, sostuvo: “Creo que hubo un error de falta de comunicación”, al referirse a la preocupación que generó la clasificación de las obras ferroviarias.
Según su interpretación, la licitación no busca impedir la recuperación de los tramos, sino permitir que los oferentes presenten proyectos que consideren viables. Cornejo señaló que las inversiones obligatorias ya contemplan trabajos en Salta, entre ellos mejoras de conectividad de los ramales C-13 y C-14 con las trazas troncales, la conexión con el nodo Güemes y el mejoramiento del tramo Metán-Güemes. Esas obras deberían ejecutarse durante los primeros cinco años de la concesión.
Lo cierto es que el problema está en lo que queda fuera de ese compromiso. Las intervenciones pendientes del C-14 y el C-15 se mantienen como optativas o adicionales, lo que es precisamente el punto que objetan los sectores productivos. Para las cámaras empresarias, la posibilidad de que una empresa decida si ejecuta o no esas obras no ofrece la certeza necesaria para planificar inversiones ni reducir los costos logísticos de una provincia condicionada por las distancias.
Cornejo reconoció que Salta necesita recuperar el transporte ferroviario y consideró positiva la convocatoria al diálogo. No obstante, evitó anticipar si el Gobierno nacional modificará los pliegos, pues explicó que cualquier cambio dependerá de una evaluación técnica, jurídica y contractual.
Así las cosas, la reunión con Santilli deberá mostrar si la apertura al diálogo se traduce en compromisos concretos o si las obras seguirán dependiendo de las decisiones de los concesionarios. Por ahora, no hay garantías de que la Nación vaya a modificar las condiciones de la licitación.
Los votos que también pesan en la negociación
El encuentro entre Sáenz y Santilli coincidirá con una sesión especial convocada para las 12 en la Cámara de Diputados de la Nación, a pedido del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y otros legisladores. El temario incluye el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, modificaciones al Código Penal sobre vandalismo rural, la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta fines de 2027 y una ley de endeudamiento familiar, entre otros asuntos.
La convocatoria llega después del fracaso de la sesión del jueves 15, cuando la oposición peronista buscó tratar el DNU 70/23, que modificó, entre otras cuestiones, el régimen de tierras rurales. Se sentaron 121 diputados, ocho menos que los 129 necesarios para abrir el debate. El decreto no llegó al recinto y su tratamiento quedó pendiente.
En aquella jornada, los salteños Pablo Outes y Bernardo Biella, que responden a Sáenz, ocuparon sus bancas, mientras que Yolanda Vega estuvo ausente por encontrarse en recuperación médica. Antes de la sesión, Outes había reclamado inversiones obligatorias para los ramales ferroviarios y advirtió: “Sin compromisos concretos con nuestra provincia, no podemos seguir trabajando en el Congreso como si nada pasara”. Asimismo, escribió: “Los consensos también exigen reciprocidad”.
La coincidencia entre la reunión política y la sesión parlamentaria vuelve a poner sobre la mesa el peso de los votos salteños en la relación entre la Casa Rosada y el gobierno provincial. Sáenz reclama reciprocidad por las demandas de Salta, pero la capacidad de presión de su espacio también está atravesada por el respaldo que sus legisladores han dado a iniciativas nacionales.
El reclamo ferroviario se convirtió así en una prueba para el vínculo entre ambos gobiernos, puesto que Sáenz necesita mostrar que el acompañamiento parlamentario puede traducirse en respuestas concretas para la provincia, mientras Milei busca sostener las condiciones de su programa de privatizaciones.
La discusión también tiene una dimensión territorial. El DNU que la oposición intentó tratar el jueves reabrió el debate sobre las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una cuestión sensible para Salta por los conflictos que involucran a comunidades indígenas y campesinas. El fracaso de aquella sesión dejó pendiente un debate que atraviesa tanto la política nacional como las disputas por la tierra en la provincia.
El CFI y la agenda productiva
Antes de la reunión con Santilli, Sáenz encabezará este lunes la firma de convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto a su secretario general, Ignacio Lamothe. La actividad se realizará desde las 11 en la sede de UTHGRA, en el marco de la jornada CLAVES – Herramientas para competir, con paneles sobre financiamiento, garantías, eficiencia energética y fortalecimiento de las cadenas de valor.
Los acuerdos apuntan a mejorar las herramientas de financiamiento y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre los temas previstos figuran el Fondo de Garantía del CFI y el Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL), además de instrumentos de asistencia técnica y articulación entre los sectores público y privado.
La firma le permitirá al gobernador exhibir una agenda de desarrollo productivo que no se agota en las gestiones ante la Casa Rosada. En un escenario de dificultades para las empresas, el acceso al crédito y las garantías pueden contribuir a sostener inversiones y actividad. En términos políticos, también le permite mostrar vínculos institucionales con un organismo federal y presentar al gobierno provincial como articulador del desarrollo.
Con las ofertas por el Belgrano Cargas previstas para noviembre y las elecciones de 2027 en el horizonte, la negociación con Santilli será una prueba para Sáenz. Si consigue compromisos verificables para el C-14 y el C-15, podrá presentar el resultado como una defensa efectiva de los intereses provinciales. Si Nación mantiene las obras como optativas, deberá explicar hasta dónde llega su capacidad de negociación con un gobierno al que sus legisladores acompañaron en decisiones centrales.
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