Tren de la Quebrada en problemas

Conflicto por el tren solar: "El gobierno se dedica a negar realidades"

JUJUY 7 May (Jujuy al momento).-La abogada local Alejandra Cejas comentó los procesos legales en contra del Ejecutivo jujeño por el transporte inaugurado pero que aún no funciona.

Conflicto por el tren solar: El gobierno se dedica a negar realidades

Alejandra Cejas, letrada local, comentó distintos problemas legales que atraviesa el gobierno de Jujuy por el funcionamiento del tren solar de la Quebrada.

Sostuvo que hay demandas de la UNESCO al respecto y que el Ejecutivo “se dedica a negar realidades”.

“El Estado se dedica a negar realidades”, dijo la abogada local Alejandra Cejas al respecto del funcionamiento del Tren Solar de la Quebrada, cuyo recorrido le trajo al gobierno de Jujuy más de un dolor de cabeza judicial.

“Tiene una intimación de la UNESCO por presentación del estudio de impacto ambiental, porque el recorrido del tren eléctrico turístico no lo tiene, y la UNESCO, que es el órgano que regula el patrimonio de la humanidad, los intimó en noviembre a regularizar esa situación. En el caso de Tilcara hay un problema con la planta reductora de Gas Atacama, por donde tendría que pasar el tren”.

“Ese proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental y sin aprobación social, que es lo que requiere cualquier proyecto que tiene financiamiento internacional”. “El problema real son los desalojos; en la contestación del gobierno dicen que tienen autorización del Ejecutivo federal para trabajar en el tren y nuestros clientes tienen títulos de propiedad del Estado nacional. Más allá del conflicto que tienen con cada familia que desalojaron y denunciaron, tienen un problema real con la falta de aprobación de un órgano serio, que no sea el Ministerio de Medio Ambiente de Jujuy, de un impacto ambiental real que permita saber que tendremos un tren en condiciones, sin impacto negativo en la Quebrada”.

“Para nosotros es un elemento no menor el desprecio que tiene el gobierno por la seguridad de la ciudadanía. Es preocupante. No se puede hacer un emprendimiento como éste sin tener en cuenta cuál es el impacto real que tendrá en las localidades por donde tiene que pasar, la infraestructura. Tenemos conocimiento que organismos federales, apenas comenzaron la obra, informaron que tendrían serios problemas porque avanzaban sobre infraestructura que es preexistente, sin plantear las modificaciones que se requieren porque tienen un costo que el Estado no quiere pagar”. “Cada vez que se leen las contestaciones del Estado provincial explicando por qué hacen lo que hace uno no sabe si llorar o reírse, porque es gente a la que uno le pone plata. No son abogados privados o funcionarios que les paga alguien, nosotros le pagamos a esta gente para que oculten información, la falsifiquen, para que mientan. Es preocupante. Además, con una falta de apego a lo legal y de empatía para entender el camino de padecimiento que pasaron vecinos que lo único que hicieron es tener su casa en un lugar donde quieren hacer negocios, porque no hay utilidad pública”. “Tampoco hay utilidad pública en ninguno de los negocios del gobierno: no la hay en Cauchari, en Cannava, en Ingenio La Esperanza, en El Pongo, en toda la provincia”.