La importancia del control en el Sistema Ferroviario Argentino
RICARDO FUENTES
Contador Público (UBA). Auditor de campo en el Departamento de Control del Sector Transporte de la Auditoría General de la Nación.
A lo largo de los años, el ferrocarril en la Argentina pasó de ser paradigma del progreso a un servicio público con altibajos en su prestación, irrisorio nivel tarifario y desinversión en infraestructura y mantenimiento. Si hay una constante en todo este proceso cambiante es la ineficacia en el contralor.
El control público es fundamental en todo Estado democrático moderno. Es una de sus características inherentes. Para ser ejercido en plenitud debe desarrollarse sin interferencias y con total independencia. En un régimen presidencialista semi atenuado como el nuestro, el peso y la verticalidad del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) desdibuja el concepto de la autonomía de las instituciones de contralor.
La CNRT, sin autonomía, debe fiscalizar a empresas ferroviarias estatales.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en tanto órgano rector del transporte terrestre que ejerce el control interno sobre dicho sector, no posee ese atributo de independencia: es un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación.
También son dependientes del Poder Ejecutivo, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, empresas que, además de funciones de gestión, tienen atributos de contralor interno.
La falta de autonomía de la CNRT respecto del Gobierno cobra aún más relevancia desde que la gestión de infraestructura y operación de la mayor parte de los servicios ferroviarios pasó a manos del Estado a través de las sociedades mencionadas, además de Belgrano Cargas y Logística S.A. Es decir que la CNRT, sin autonomía, debe fiscalizar a empresas ferroviarias estatales.
En la Argentina el contralor externo sobre el PEN es efectuado por la Auditoría General de la Nación (AGN). Sus informes son elevados al Poder Legislativo, de quien depende dicho organismo, y al PEN para que el área respectiva tome nota de sus recomendaciones y conclusiones. Algunas veces, el ente auditado se hace eco de los hallazgos y sugerencias expresadas por la AGN, pero otras no.
En lo cotidiano las deficiencias del control se advierten en incumplimientos señalados y no penalizados, sanciones practicadas por el ente regulador que no se efectivizan, intimaciones al operador e informes de las inspecciones no considerados por éste ni por el Ministerio de Transporte.
Desde hace años se incumplen estándares de calidad, eficiencia y seguridad del servicio ferroviario.
Lo grave es que hace años se incumplen estándares de calidad, eficiencia y seguridad del servicio ferroviario, debido a la desinversión en infraestructura y mantenimiento, y falencias en la administración, vulnerando derechos y garantías constitucionales.
A esto se agrega un endeble proceso de control, principalmente en lo que atañe a la desatención del PEN respecto de los informes elaborados.
Un servicio que asegure calidad y eficiencia es posible en la medida en que se adviertan a tiempo las falencias, las formas de superarlas y se tomen las acciones pertinentes.
La corrección de las deficiencias depende de que los órganos de control cumplan adecuadamente su cometido, con independencia del Ejecutivo y siempre que éste tome debida cuenta de las inspecciones, las sanciones resultantes, los hallazgos, las recomendaciones y las conclusiones informadas. De lo contrario ocurrirá como cuando, luego de descarrilamientos y tragedias durante 2012 y 2013, el PEN tomó medidas para los ramales eléctricos que operaba Trenes de Buenos Aires (TBA), en lugar de haberse anticipado, mejorando el material rodante.
Esos hechos luctuosos fueron producto de la desinversión en el mantenimiento ferroviario, irregularidad que había sido advertida por la CNRT y por la AGN, por lo que no pueden ser calificados de meros accidentes.
Los informes de ambos organismos, que podrían haber servido de control preventivo como anticipo del problema, terminaron en un contralor tardío, porque se ordenaron algunas medidas “precautorias” luego de la ocurrencia de esos lamentables sucesos que en el caso de la tragedia de Once se llevaron 52 vidas.
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