Roggio quiere seguir con el subte

Roggio quiere seguir con el subte

CAPITAL FEDERAL 21 Agos(Pagina 12).-El primero en hacerle caso al Gobierno en separar a la empresa de su directivo fue Aldo Roggio. Tras confesar que devolvía el 5 por ciento de los subsidios del subte, renunció a dos de sus empresas: Benito Roggio e hijos y Clisa. Metrovías, controlada por el Grupo Roggio, es la empresa que tiene la concesión del subte desde 1994 y está entre las tres que forman parte de la licitación para administrar el subte por 15 años más. Según confirmaron a este diario en el gobierno porteño, no hay planes para excluir a Roggio de la licitación, que seguirá su camino. El legislador Leandro Santoro presentó un proyecto para excluir a las empresas “arrepentidas” y crear una comisión investigadora.

Roggio declaró ante el fiscal Carlos Stornelli que accedió a pagarle al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hasta 2011. No habló de qué ocurrió cuando la concesión pasó a estar en manos del gobierno porteño, que conducía por entonces Mauricio Macri. Luego de acordar con el juez Claudio Bonadio para confesar, renunció a dos empresas del holding. En un caso lo reemplazó su vicepresidente y en el otro, su hermana Graciela Roggio. Su empresa Metrovías es una de las tres que forma parte de la licitación actual que definirá el futuro del subte. Las otras dos son RATP Dev (que maneja el sistema de transporte de París) y Keolis-Helport, una unión entre la empresa francesa que tiene el Metro de Lyon y la empresa de Eduardo Eurnekian, que también quedó involucrada en la causa de los cuadernos. 

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta no tiene, de momento, la intención de anular la licitación, que ya pasó la primera etapa de apertura de sobres. En octubre se abrirán los sobres con la propuesta y en noviembre se conocerá al ganador por otros 12 años. “Los pliegos de la actual licitación presentan subsidios durante todo el contrato y establecen que no hay inversiones para obras o coches nuevos obligatorias para el concesionario”, cuestionó el defensor adjunto del Pueblo, Gabriel Fuks. 

El legislador Leandro Santoro, en tanto, presentó un proyecto de ley para que los empresarios que se hayan sumado como arrepentidos en una causa judicial no puedan participar de licitaciones públicas de la ciudad, así como tampoco los que tengan procesamientos firmes. En un segundo proyecto, propuso crear una comisión investigadora legislativa sobre los contratos de estas empresas para determinar la responsabilidad de sus funcionarios.