Grúas, incineración y aumento del subte

Grúas, incineración y aumento del subte: los cambios clave que siguen frenados por la Justicia

Están bloqueados por recursos de amparo presentados por vecinos, ONG y opositores. También hubo conflictos con obras públicas.

El servicio de acarreo es uno de los más cuestionados por los vecinos. Foto: Néstor Sieira

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Aumento del subte, incineración de basura y renovación del sistema de grúas y parquímetros son algunos de los cambios que el Gobierno porteño está ansioso por implementar, algunos desde hace años, pero que se encuentran con los frenos judiciales y sus tiempos característicos.

Quizás el que más pone impaciente al Gobierno sea el que impacta en cómo viaja por la Ciudad 1,3 millón de personas por día. Es que, hasta el 15 de julio, la pérdida por el freno al aumento de subte ascendía a $ 282,4 millones, según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Y, por cada día a partir de esa fecha, se suman $ 3,7 millones perdidos más.

La tarifa no se modifica desde octubre de 2016. Iba a subir en mayo de $ 7,50 a $ 11, pero la Justicia suspendió el incremento. La jueza Patricia López Vergara hizo lugar al amparo presentado por los legisladores Myriam Bregman y Patricio de Corro (PTS-FIT) y el metrodelegado Claudio Dellecarbonara.

En marzo, el recurso también había sido escuchado por el juez Guillermo Scheibler, que terminó suspendiendo la audiencia pública por el aumento de tarifa por entender que la difusión de esta había sido “parcial e incompleta, omitiendo la fecha, lugar y horarios”.

Cómo no se pudo avanzar con el nuevo sistema, hay que seguir pagando en las tickeadoras con monedas. Foto: Fernando de la Orden.

Otro proceso frenado por la Justicia es la ampliación del estacionamiento medido a los barrios porteños. Ya se cumplen casi cuatro años de los primeros intentos, durante el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad. El plan consiste en pasar de dos zonas a cinco, lo que llevaría las plazas tarifadas de 4.000 a 80.000, sobre un total de 364.000 disponibles.

Los vecinos de los barrios más alejados del Centro se pusieron en alerta durante cada uno de los anuncios, pero por ahora no tienen de qué preocuparse. Es que, a mediados de junio, un juez porteño anuló la ley que es requisito para que el estacionamiento medido se extienda, la que llamaba a licitar nuevamente el servicio.

Sin embargo, el proceso sigue avanzando, según fuentes de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, que informaron que hace tres semanas se abrieron los sobres de la licitación pero que, por el freno judicial, aún no hubo adjudicaciones.

Esta demora produce que el estacionamiento medido siga en manos de dos empresas, SEC y STO, que operan desde 2001 con contratos vencidos y prorrogados. Es un servicio que acumula muchas quejas de los vecinos por la forma en que las grúas se llevan a los autos y porque muchas veces sólo priorizan la recaudación. Además, impide que las tickeadoras se puedan reemplazar por tecnologías más nuevas que permitan pagar con el celular o tarjetas, por ejemplo. Así, hoy la única manera de abonar el parquímetro es con monedas.

Los cambios a la Ley de Basura Cero, que habilita la incineración de residuos para generar energía, también se vieron suspendidos judicialmente. Habían sido votados en mayo por la Legislatura pero, a fines de junio, la Justicia porteña suspendió la aplicación de la norma, al hacer lugar a un amparo presentado por cooperativas de recicladores, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Greenpeace Argentina, con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

La cautelar a la ley modificatoria fue impuesta por la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado N° 1 en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, quien fundamentó que el proyecto no había sido tratado en doble lectura ni aprobado por mayoría calificada de 40 votos.

Con todo, desde la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la Ciudad señalaron que la Constitución no prevé el requisito de mayoría calificada para esta ley. Por eso, apelaron el fallo de Liberatori y esperan que en agosto la Cámara de Apelaciones se expida.

La Justicia también había frenado el servicio de poda que prestaba el Gobierno de la Ciudad, que ya fue retomado. El año pasado, Claudia Heras, abogada y vecina de Villa Urquiza, demandó al Gobierno porteño y a las 15 Comunas por podas mal hechas y pidió que fueran planificadas y ejecutadas de forma profesional.

La Ciudad apeló el fallo pero la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la decisión de primer grado. Finalmente, la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana se ocupó de coordinar con las 15 Comunas el plan de poda de este año, que arrancó a principios de junio.

Desde esa área indicaron que 90 ingenieros agrónomos de la UBA (uno por cuadrilla) fiscalizan la poda en la calle. Una semana después, los trabajos son certificados por el inspector de la Comuna y se cargan en el sistema.

Resaltaron además que el plan incluye no sólo la poda sino también el mantenimiento integral del arbolado urbano, que abarca la plantación, el corte de raíces y la reparación de las planteras. Según Atención Ciudadana, ya se mejoró el estado de más de 20.000.

La obra pública es otra área del Ejecutivo porteño que se vio frenada por órdenes de la Justicia. En 2011 llegó a haber simultáneamente 18 proyectos suspendidos: el estacionamiento subterráneo en Parque Las Heras y 15 pasos bajo nivel, entre ellos el de la avenida Balbín.

El estacionamiento del Parque Las Heras fue uno de los casos más recordados. Su construcción se suspendió en 2010, luego de que organizaciones vecinales se movilizaran para impedirla. Se temía que el proyecto afectara los árboles del lugar y el patrimonio arqueológico, ya que allí funcionó la antigua Penitenciaría Nacional. Cinco años después, la Justicia dio luz verde a la continuidad de los trabajos, pero el plan finalmente quedó en nada.

Los pasos bajo nivel que construyó el Gobierno porteño en distintos puntos de la Ciudad también fueron inicialmente detenidos por órdenes judiciales. Los vecinos habían presentado amparos porque sentían que la tranquilidad de su entorno se había visto afectada por las obras, ya que muchos de los “sapitos” se habían diseñado sobre calles sin barreras.

Entre los pasos bajo nivel cuestionados, uno de los que generaron más polémica es el que se construye en la avenida Balbín, en Saavedra. La obra fue intermitente: era suspendida por amparos vecinales y retomada cuando la Justicia volvía a habilitarla. Los vecinos denunciaban que la estructura afectaría el sistema pluvial de la zona y podía provocar inundaciones. Finalmente los trabajos cobraron buen ritmo y están cerca de completarse. El túnel, que cruzará las vías del Mitre entre Goyeneche y Estomba, tiene fecha de inauguración para este jueves.

Hubo otros casos muy llamativos. Por ejemplo, en 2010, la decisión del juez Roberto Gallardo de mantener durante más de un año apagado el enorme cartel LED que Coca Cola tiene frente al Obelisco. O el caso de la estación Plaza Francia del subte H, obra que estuvo parada durante todo 2012 por un recurso de amparo, al punto tal que, si bien la Ciudad logró que la Justicia le diera la razón, finalmente decidió mudar la obra y construir junto a la Facultad de Derecho. La inauguración fue recién hace dos meses.