El gobierno comunicando

El gobierno ¿comunica bien o mal?

BUENOS AIRES 4 May(Urgente 24).-"No se trata de anunciar obras, sean caminos, vías ferroviarias, túneles, construcción de represas, exploraciones geológicas o explotación de recursos disponibles o revoluciones sectoriales, de lo que se trata es de explicar con qué recursos se cuenta propios y ajenos (créditos), que prioridades se tendrán en cuenta y cuál será el esfuerzo tarifario y fiscal que deberá pagar la gente. Esta es responsabilidad no sólo del Poder Ejecutivo sino también del Congreso de la Nación, es decir es responsabilidad de la política", afirma el autor.

“….La experiencia indica que los políticos de más éxito y que más lejos han llegado, dicen lo mismo en público que en privado. Nunca piden off u on. Hablan cuando quieren o necesitan. Y si no, no hablan. Pero no se esconden en esas ortopedias desgastadas de la profesión como el off.”

Ignacio Zuleta

Viene a cuento esta referencia para entrar en esta cuestión que se instala por cierto sector del periodismo afín a los gobiernos cada vez que estos caen en la encuestas o cuando una mayoría de la sociedad expresa su desagrado por decisiones políticas.

Siempre la primera reacción es la de decir que “el gobierno comunicó mal” o bien “que no sabe comunicar” o bien “que lo hizo a destiempo”.

Con el telón de fondo de la cuestión tarifaria otra vez la cantinela prefiere decir que el gobierno cometió errores de comunicación, en vez de ir a la cuestión de fondo y analizar lo que llamaría política tarifaria del gobierno.

Acá chocamos con una realidad, el gobierno hasta ahora nunca expuso un cuadro de situación sobre los problemas que planteaba la realidad y la necesidad de establecer una política tarifaria realista.

El gobierno, por boca del Ministerio de Transporte, debió exponer a la sociedad al inicio de su gestión la situación del transporte, sus falencias y sus causas, la forma de encarar las necesarias reformas y su modernización, el costo de un transporte eficiente, la insuficiencia tarifaria para solventar el funcionamiento y para poder comenzar con las mejoras, los costos básicos del transporte, el monto de las inversiones necesarias, las prioridades, el costo fiscal y el modo y tiempo en que se adecuarán las tarifas y el sistema de subsidios necesarios a la demanda.

Un ejemplo, puede ser que el RER sea una necesidad, pero ¿es una obra prioritaria en este momento? (RER es Red de Expresos Regionales, nuevo sistema de trenes que consiste en interconectar 6 líneas metropolitanas de Buenos Aires que actualmente no se vinculan entre sí, y evitar la necesidad de trasbordos para quienes tienen como destino el área central de la Ciudad o desean viajar entre los distintos municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires.)

El ferrocarril Urquiza y la línea B del metro desde la estación Federico Lacroze podría unificarse y los servicios podrían ofrecerse desde Correo Central hasta su terminal en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires. No sería un modo económico de comenzar con el RER y de paso probar sobre su viabilidad y justificación.

La misma falencia señalada, ocurre con todas las áreas de gobierno, como lo sucedido con las tarifas de la energía.

En materia de energía, se habla de Vaca Muerta, de la energía eólica y de otras obras cuya necesidad no se pone en tela de juicio, pero a la gente en especial a los siete deciles (que miden niveles de ingreso mensual) que van del uno al siete inclusive, que son los mas comprometidos por los incrementos no se les explicó como funcionará el necesario sistema de subsidios, mientras se mantengan los actuales indicadores de pobreza, indigencia e informalidad.

Sin ese soporte de situación a la gente le resulta incomprensible cualquier tipo de incremento tarifario ya que naturalizó la existencia de tarifas irrisorias convirtiendo esa grave anomalía política, en un Derecho, hasta en un Derecho humano, tal como escuché decir a más de uno político trasnochado.

Esta realidad es la diferencia que existe entre gerenciar una empresa y un país como editorializó Roberto Garcia en su programa “La Mirada”.

Desde ya, no quiero decir que en una empresa se podría justificar la arbitrariedad o la discrecionalidad y en el Estado no. Pasa que en una empresa se administran recursos privados y en el estado recursos públicos y los gobiernos deben explicar cómo y porque recaudan y como gastan. Tengamos en cuenta que a hasta el sector informal de la población paga como mínimo los llamados impuestos indirectos que siempre se trasladan a precios.

No olvidemos que el Presupuesto Nacional asigna bienes públicos, redistribuye ingresos y fija las prioridades del gasto.

En el país el debate del presupuesto se ha convertido en un debate mínimo y la cuenta de inversión, de hecho se aprueba casi a libro cerrado. No hablemos cuando el Poder Ejecutivo cuenta con mayorías parlamentarias, como decía Julio Grondona “todo pasa”.

Estos dos temas deberían ser motivo de intensos debates en el Congreso y en las legislaturas provinciales, pero la práctica los miniminizó.

Como vemos no se trata que falla la comunicación sino que no existe la materia prima de lo que se debería comunicar.

No se trata de anunciar obras, sean caminos, vías ferroviarias, túneles, construcción de represas, exploraciones geológicas o explotación de recursos disponibles o revoluciones sectoriales, de lo que se trata es de explicar con qué recursos se cuenta propios y ajenos (créditos), que prioridades se tendrán en cuenta y cuál será el esfuerzo tarifario y fiscal que deberá pagar la gente.

Esta es responsabilidad no sólo del Poder Ejecutivo sino también del Congreso de la Nación, es decir es responsabilidad de la política.

El gobierno, con su proverbial soberbia, creer que hace bien lo que hace que es además lo que debe hacerse, pero una parte de la gente, no importa si con razón o sin razón, piensa lo contrario y a esa gente se le debe respeto y consideración.

El gobierno parecería olvidar que no sólo estamos mal en infraestructura y explotación de los recursos existentes, estamos muy mal en economía, no tenemos moneda propia, tenemos papeles a los que llamamos moneda, pero que no cumple ninguna de sus funciones, por eso tiene poco sentido hablar de tipo de cambio.

El gasto público continúa creciendo aunque se diga como virtud que el gasto primario se redujo, cuando el déficit total aumenta aunque sea por efecto de la deuda y su costo es probablemente la principal causa de la inflación y el tremendo desorden de nuestros precios relativos, incluido el tipo de cambio el que se usa como cepo (de buena familia) para morigerar el aumento de precios.

A esta altura parecería que el gobierno cree que obras son amores, pero la política debe tener en cuenta que nuestra peor falencia es la inflación persistente, que a la moneda le hemos sacado trece ceros en poco menos de 50 años, que nuestros índices de inflación son grotescos aunque este año se redujera a un 20%, que el estado no se puede endeudar para financiar cualquier tipo de gasto y que pretender hacer todo a la vez es imposible por más necesario que sea “todo”.

No es que el gobierno comunica mal, comunica ni más menos lo que hace y como lo hace “A su manera” y cuando debe hablar, cuando los mercados necesitan una voz responsable, lo hace Lilita Carrió que a más de uno nos trajo el recuerdo de la parábola del corazón y el bolsillo que no tuvo final feliz…

Lo cierto es que la cuestión cambiaria vuelve a tener un costo para todos los argentinos estimados en poco más de US$ 7.000 millones que fueron las ventas del Central para intentar tener “cepeado” el tipo de cambio. Cuando el gobierno “K” recurrió a los seguros de cambio para mantener la ficción del tipo de cambio, finalmente tuvo un costo de alrededor de $ 70.000 millones, como dice el dicho “pagando estaba la gansa”.

Ahora vendrán las explicaciones y como de costumbre la culpa y responsabilidad estará en otra parte, pero la pauta del 15% fue una mala corazonada…