El Gobierno no le extiende la concesión del tren Urquiza a la familia Roggio y volverá a licitar el servicio ferroviario
CAPITAL FEDERAL 20 Dic(IProfesional).-El Ministerio de Transporte entiende que el actual contrato no responde a las necesidades del Estado y no garantiza una eficiente prestación del servicio. Por eso, comenzará a elaborar nuevos pliegos para relicitar las operaciones antes de los próximos dos años
Al igual que con el subte, en el caso del ferrocarril Urquiza la empresa Metrovías también deberá presentarse a una licitación si pretende seguir operando esta línea de trenes que le fue concesionada por el Estado el 22 de diciembre de 1993. Esto se debe a que el Ministerio de Transporte rechazó un pedido de la compañía de la familia Roggio para extender el plazo de la concesión por 10 años más a partir de diciembre.
La decisión forma parte de la Resolución 1325-E/2017 publicada en el Boletín Oficial por el ministerio que comanda Guillermo Dietrich y en la cual solamente se amplía el plazo durante 18 meses. En ese período, el Gobierno debe elaborar los nuevos pliegos para licitar este red ferroviaria de transporte de pasajeros.
El contrato de concesión le permite a Metrovías gerenciar de manera integral el servicio. Esto es, la explotación comercial, la operación de trenes y atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura y equipos y todas las demás actividades complementarias y subsidiarias. En tanto, el control de la concesión quedó en manos del Ministerio de Transporte.
Sin embargo, la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, también incluyó los contratos de concesión firmados por el Estado. De hecho, también se declaró el estado de emergencia de la prestación de los contratos de concesión del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires, a través del Decreto N° 2075 de octubre de 2002.
Al tener en cuenta ambas determinaciones, la actual resolución explica que si bien los contratos se mantuvieron en vigencia, deben volver a ser negociados con las empresas concesionarias. Incluso recuerda la creación de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en julio de 2003 y que dependía del ex Ministerio de Planificación Federal. Su objetivo era el de analizar la situación y grado de cumplimiento de los distintos contratos, suscribir acuerdos integrales o parciales, elevar proyectos normativos, elaborar un marco regulatorio general para servicios públicos de jurisdicción nacional y efectuar recomendaciones vinculadas a dichos contratos y su funcionamiento.
Sin embargo, el gobierno actual disolvió por decreto en febrero de 2016 esta unidad y le instruyó a los ministerios a cuyas órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a renegociación, a proseguir los procedimientos. Y los facultó a dictar los actos administrativos necesarios a los fines de concluir los procesos de renegociación de los contratos bajo su jurisdicción.
En ese marco, en Transporte se creó la Comisión Especial de Renegociación de Contratos con el objetivo de "que se adopten las medidas necesarias para reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria y la implementación de la modalidad de acceso abierto, y adecuar de esta forma los contratos de concesión vigentes al universo normativo imperante".
Esta comisión tuvo a cargo el estudio del pedido de Metrovías de prórroga del plazo de concesión por 10 años que prevista en el artículo 5.3 del contrato. El ente elaboró un informe en el cual expuso los antecedentes y la evolución contractual de las dos concesiones, analizó el contexto normativo y formuló una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Transporte.
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