Mayores casos de corrupción

Uno de los mayores casos de corrupción

CORRIENTES 19 Oct(El Litoral).-Cuando Río Turbio era un polo exportador de carbón, la mina y el puerto de Punta Loyola, muy cerca de Río Gallegos, estaban unidos por un ferrocarril de trocha angosta, similar a La Trochita. Demasiados condimentos como para no pensar un negocio en ese ramal.

Así fue. Desde el Ministerio de Planificación Federal le notificaron a Ycrt que se iba a recuperar el trayecto para que sea un tren turístico con salida desde Río Gallegos, estaciones intermedias en algunas estancias, con destino final en Río Turbio y Puerto Natales.

Pero el proyecto no funcionó. O mejor dicho, no funcionó como proyecto turístico pero sí como negocio voraz para varios funcionarios, desde Julio De Vido para abajo, que hoy intentan explicar que no hubo una fenomenal estafa.

Miguel Arancio, subgerente de Abastecimiento, fue quien investigó el asunto. “Cuando asumimos, había muchas facturas sin pagar y los proveedores nos llamaban para que canceláramos”, dice. Todo se armó con el mismo esquema de triangulación: el ministerio le encargaba a la Regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional, que a su vez contrataba a la Fundación propia, facturaban 10% de comisión cada una y, finalmente, Ycrt pagaba.

“No había nada de documental. Entonces les pedimos a los proveedores que nos acerquen la documental, los contratos y las cotizaciones”, explica. 

Las sospechas se confirmaron rápido. “Verificamos que más allá de lo que el proveedor había firmado, la Facultad nos pasaba a nosotros un precio mucho mayor, un sobreprecio puesto por ellos. Había casos en los que el proveedor estaba en connivencia con la Fundación, otros en los que pasaba un precio de mercado y después la Fundación pasaba el sobreprecio. Más allá del tren, con esta operatoria se encontraron 282 convenios específicos. “El total firmado era de 3.300 millones de pesos. Llegaron a facturar 1.300 millones y, de eso, cobraron 1.000 millones”, comenta.

Pasó lo que tenía que pasar. El tren nunca se terminó, pero sí se apuró al proveedor para que lo termine a medias para una inauguración en plena campaña de 2015. “Los trabajos los hizo GYG Electromecánica. No había terminado la locomotora y le dijeron que sí o sí la tenían que armar para hacer una inauguración. La acondicionaron y la trajeron. Ese show de puesta en marcha costó un millón de pesos y el tren no estaba terminado, no tenía entrega final. Anduvo 100 metros, sacaron la foto y listo”, explica Arancio.

GYG Electromecánica presupuestó el trabajo de puesta a punto en 31,4 millones de pesos. “La Facultad facturó a Ycrt unos 48,7 millones, es decir, 55% de diferencia. GYG llegó a facturar 18,4 millones y la Facultad nos facturó 32,9 millones, es decir, 79%. La Universidad le pagó los 18 millones a la empresa, el resto no se sabe qué pasó”, finaliza el subgerente.

Ahora el ferrocarril espera, quieto y sin terminar, en un galpón.

Por este caso el titular de Planificación Federal, Julio De Vido, quedó a un paso de la cárcel. El juez federal Luis Rodríguez le pidió al Congreso su desafuero para detenerlo ante el riesgo de que perjudique la recolección de pruebas en la causa en que está siendo investigado por un fraude de casi 280 millones de pesos en la mina de carbón de Río Turbio.

De Vido acusó al presidente Mauricio Macri de estar “detrás” del pedido de detención. “Es el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos”, dijo por Twitter. Su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, tildó la decisión de oportunista.

La inminente caída de quien fue el dueño de la mayor caja del kirchnerismo durante 12 años fue posible por la denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli y porque los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, ordenaron al juez Rodríguez que solicitara al Congreso la suspensión de la inmunidad de arresto de la que gozan todos los diputados.