Julio De Vido a juicio otra vez

El juez de la causa por los trenes chatarra pidió el juicio oral para Julio De Vido

CAPITAL FEDERAL 22 Agos(Clarin).-Se investiga la compra de material ferroviario que nunca pudo usarse.

     Julio De Vido, en una de sus visitas a Comodoro Py por la causa por la tragedia de Once

Julio De Vido suma otra elevación a juicio oral. En este caso, el juez Julián Ercolini requirió ese trámite en la causa en que se investiga la compra de trenes a España y Portugal. El ex ministro kirchnerista está acusado por el delito de administración fraudulenta “agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública” por un monto de casi 102 millones de euros. La adquisición de los “trenes chatarra” se concretó entre julio de 2004 y marzo de 2012.

El fiscal Federico Delgado había requerido hace pocas semanas la elevación a juicio oral de esta causa en la que se investiga la compra de material ferroviario "en malas condiciones con el alegado propósito de dar trabajo para reactivar la tradicional industria ferroviaria en nuestro país y, en consecuencia, mejorar el servicio de transporte". No obstante -señala el dictamen-, "el sector no se reactivó, el servicio no mejoró y se adquirió material en malas condiciones".

El requerimiento de elevación incluye a Carlos Retuerto Castaño, Subgerente de Inversiones de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT, a quien lo acusa de "dolosamente escribió que no vio lo que en realidad vio", respecto a la supervisión del material que se compraba, "permitió los pagos anómalos, ya que fue quien inspeccionó y confeccionó informes sobre el material que adquirió el Estado".

Rechazando una serie de pedidos de nulidad, el juez Ercolini en una resolución de trece páginas consideró que tanto De Vido como Retuerto Castaño “cada uno desde sus respectivos cargos, diseñaron e implementaron un plan de modernización ferroviaria que, mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos, determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública”.

En este contexto, sostuvo el magistrado, se celebraron diversos convenios que determinaron la comprador parte del Estado de material ferroviario cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario”.

Nada podría haber ocurrido según el juez sin los funcionarios de la CNRT responsables de “confeccionar y avalar los informes, memorandum y análisis de precios, pese a su manifiesta imprecisión y falta del respaldo documental”, generando un gran perjuicio económico contra las arcas del Estado.

En estas operaciones el Gobierno kirchnerista pagó a las empresas españolas (EE, RENFE y FEVE) “un precio exorbitante de euros 76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha”, y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses, Portugal- “un total de euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74”, con el agravante de que el material rodante adquirido “era de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado”.

En esta causa según la justicia, hubo una delegación administrativa de funciones en la Secretaría de Transporte y en la CNRT, donde el mayor protagonismo lo tuvo Ricardo Jaime, preso hace quince meses. ​Esta causa ya tiene un Tribunal asignado, que es el TOF 1.