Hacia otra modernización del Estado
FABIÁN ROUCCO Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica
CAPITAL FEDERAL 28 Jun(El Cronista).-En el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT), sabemos que cada nueva gestión que asume la conducción del país trae consigo un renovado impulso modernizador, procurando responder a la necesidad del Estado de ganar dinamismo en sus procesos y procedimientos, en sus mecanismos de toma de decisión y en sus partidas presupuestarias. Pero el auge modernizador -que empieza con entusiasmo y voluntad política- va perdiendo velocidad, coherencia y continuidad.
Muchas veces sucede que se desconoce la normativa aplicable y se emiten Decretos y Resoluciones que se superponen con otras ya existentes. Se dilata la provisión de suministros, el mantenimiento o la puesta en valor del patrimonio institucional. El costo político de una estrategia así de errática es grande: la eficacia del Estado y de la función pública sigue siendo cuestionada por la ciudadanía -cada vez más activa, más diversa, más crítica y más exigente-.
En Argentina, un hecho novedoso fue que el actual gobierno jerarquizó dicha situación creando un Ministerio de Modernización. Sin embargo, los traumatismos de las Leyes 23.696, conocidas comúnmente como ‘Reforma del Estado’ y la 23.697 de ‘Emergencia Económica’ para modernizarlo, sancionadas en 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, autorizaban al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos.
En vez de modernizar, se puso en marcha un plan de desguace del Estado. El caso emblemático resultaron ser los Ferrocarriles Argentinos transformando en ‘pueblos fantasmas’ en el interior del país cuando se cerraron ‘ramales improductivos’. Resulta de público conocimiento que el Gobierno actual aprobó y oficializó, a través del Decreto 434/2016, su plan de modernización del Estado.
El gran desafío del momento consiste en gestionar la mejora de las capacidades de un Estado activo en los nuevos escenarios del siglo XXI. Esto representa una condición necesaria para el desarrollo económico, productivo y social del país, reconociendo como principio rector del quehacer del Sector Público para que esté al servicio del ciudadano, en un marco de confianza mutua.
Sin provocar, por el déficit fiscal, un deja vú similar a la experiencia de los 90, y animarse objetivamente a generar procedimientos administrativos que propicien su simplificación, transparencia y control social. En este sentido, nuestra experiencia, como Centro Especializado de Gestión, que articula las necesidades del sector público con las soluciones que el campo científico, tecnológico y productivo le pueden ofrecer, nos viene mostrando que toda voluntad dinamizadora del Estado, debe contar con una apropiada caja de herramientas.
Es precisamente ese kit para la gestión efectiva lo que el CEDyAT, en su condición de Unidad de Vinculación Tecnológica, viene ofreciendo a las organizaciones del ámbito nacional, provincial, municipal y a empresas estatales desde hace ya más de 10 años. De manera que la sociedad perciba que el Estado verdaderamente se encuentra a su servicio.
CAPITAL FEDERAL 28 Jun(El Cronista).-En el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT), sabemos que cada nueva gestión que asume la conducción del país trae consigo un renovado impulso modernizador, procurando responder a la necesidad del Estado de ganar dinamismo en sus procesos y procedimientos, en sus mecanismos de toma de decisión y en sus partidas presupuestarias. Pero el auge modernizador -que empieza con entusiasmo y voluntad política- va perdiendo velocidad, coherencia y continuidad.
Muchas veces sucede que se desconoce la normativa aplicable y se emiten Decretos y Resoluciones que se superponen con otras ya existentes. Se dilata la provisión de suministros, el mantenimiento o la puesta en valor del patrimonio institucional. El costo político de una estrategia así de errática es grande: la eficacia del Estado y de la función pública sigue siendo cuestionada por la ciudadanía -cada vez más activa, más diversa, más crítica y más exigente-.
En Argentina, un hecho novedoso fue que el actual gobierno jerarquizó dicha situación creando un Ministerio de Modernización. Sin embargo, los traumatismos de las Leyes 23.696, conocidas comúnmente como ‘Reforma del Estado’ y la 23.697 de ‘Emergencia Económica’ para modernizarlo, sancionadas en 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, autorizaban al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos.
En vez de modernizar, se puso en marcha un plan de desguace del Estado. El caso emblemático resultaron ser los Ferrocarriles Argentinos transformando en ‘pueblos fantasmas’ en el interior del país cuando se cerraron ‘ramales improductivos’. Resulta de público conocimiento que el Gobierno actual aprobó y oficializó, a través del Decreto 434/2016, su plan de modernización del Estado.
El gran desafío del momento consiste en gestionar la mejora de las capacidades de un Estado activo en los nuevos escenarios del siglo XXI. Esto representa una condición necesaria para el desarrollo económico, productivo y social del país, reconociendo como principio rector del quehacer del Sector Público para que esté al servicio del ciudadano, en un marco de confianza mutua.
Sin provocar, por el déficit fiscal, un deja vú similar a la experiencia de los 90, y animarse objetivamente a generar procedimientos administrativos que propicien su simplificación, transparencia y control social. En este sentido, nuestra experiencia, como Centro Especializado de Gestión, que articula las necesidades del sector público con las soluciones que el campo científico, tecnológico y productivo le pueden ofrecer, nos viene mostrando que toda voluntad dinamizadora del Estado, debe contar con una apropiada caja de herramientas.
Es precisamente ese kit para la gestión efectiva lo que el CEDyAT, en su condición de Unidad de Vinculación Tecnológica, viene ofreciendo a las organizaciones del ámbito nacional, provincial, municipal y a empresas estatales desde hace ya más de 10 años. De manera que la sociedad perciba que el Estado verdaderamente se encuentra a su servicio.
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