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Avanza el reclamo de ciudadanos contra fumigaciones con veneno en las vías del tren

BUENOS AIRES 10 May(AUNO.org.ar).-Organizaciones defensoras del ambiente denuncian que en la Línea Roca desmalezan las vías con un peligroso agrotóxico llamado 'glifosato'. Funcionarios del Estado nacional negaron peligros para la salud humana. Esta semana se aprobaría una ordenanza en Lomas de Zamora que contempla soluciones para los efectos de ese veneno usado por la actividad sojera en todo el país. Se plantea un problema de jurisdicciones porque las instalaciones ferroviarias son de competencia federal. Desde 2008 se usa el glifosato en las vías. En otros municipios ya está prohíbido su uso. Las flores campanillas alrededor de la estación Hospital Español de la Línea Roca ya no crecen más. Tampoco el pasto. Y de una cuadra a otra se distingue el efecto del glifosato, un agroquímico que mata lo que está a su paso. Ante esta situación, organizaciones sociales y ambientales lomenses impulsaron un proyecto para prohibir en el distrito la contaminación con ese tóxico, que causa enfermedades graves, y que le impida a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) usarlo en los rieles. La ordenanza sería aprobada por el Concejo Deliberante lomense este miércoles y modificaría el esquema de trabajo de las cuadrillas del ferrocarril que actúan con autorización del Senasa, el organismo encargado de la sanidad animal. Los indicios del uso de glifosato en la Línea General Roca comenzaron en 2008 cuando un grupo de vecinos notó que de un día para otro el pasto estaba seco. “Nos dimos cuenta que podría ser ese agroquímico, pero no lo podíamos comprobar hasta que un día cuando estaban rociando el producto un obrero lo confirmó”, contó a AUNO Osvaldo Portas, un vecino de Temperley. En ese momento, comenzaron las denuncias y se armó el proyecto que se trataría esta semana en el Concejo Deliberante lomense. Los reclamos no son aislados. Tal como otras organizaciones de localidades bonaerenses, la Asamblea Finky Verde, el Foro Hídrico de Lomas de Zamora, la Asamblea de Turdera y Vecinos en Defensa de Santa Catalina exigen que no se contamine con ese herbicida o derivados ya sea por aplicación directa o indirecta por fumigación o vuelco a través del aire, agua o tierra en el distrito. Funcionarios del Ugofe aseguraron a esta agencia que no hay prohibición para la utilización del producto y enfatizaron que están autorizados por el Senasa, organismo que regula las políticas nacionales en materia de sanidad y medio ambiente. Sin embargo, miembros de las organizaciones ambientales advirtieron que el glifosato provoca “cáncer, malformaciones y abortos”. Ocurre que los mayores riesgos son daños genéticos, trastornos reproductivos, toxicidad subaguda y crónica, efectos cancerígenos y contaminación de alimentos, precisa un informe del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (Foco). El efecto del glifosato es a “largo plazo -explicó Alejandro Almeida, miembro de Finky Verde-, actúa por contacto directo y también se propaga por el agua, tierra y aire”. Entonces, la fumigación se produce en las vías del tren, pero las consecuencias se generarían en otro espacio. Es que las partículas contaminantes pueden desplazarse a través del viento “hasta 800 metros de su lugar de aplicación”, explicaron, por lo que el espectro de la contaminación podría alcanzar a los vecinos de unas ocho cuadras desde las vías del tren. Qué dice el Estado. A simple vista, se observa el efecto en los jardines de las casas y en los espacios verdes cercanos. Y si bien aún no pueden constatar las consecuencias en la salud porque no tienen los medios para realizar una investigación, detectaron un caso de malformación del embrión: una vecina embarazada de su tercer hijo que vive en una zona cercana al ferrocarril. “No podemos demostrar que haya sido por los efectos de la fumigación. Pero su doctora dijo que era muy raro, porque sus otros hijos no tuvieron ningún problema”, manifestó Portas. La médica señaló que la malformación podía ser efecto de algún producto químico que se haya rociado en la cercanía de su vivienda, dentro de las primeras semanas de gestación, que coincide con una fumigación registrada por los vecinos. La problemática se reproduce también en otros barrios cercanos al ferrocarril, como en la localidad de Glew, donde cada vez que se realiza la aplicación del producto los vecinos tienen que cerrar las ventanas, porque empezaron a tener problemas respiratorios. Sus denuncias también contemplan la salud de los trabajadores encargados de rociar la sustancia. “Están con ropa de calle con un barbijo común. La vida de los que fumigan está en riesgo y las de sus familias también, porque lavan su vestimenta con la ropa de sus hijos”, afirmó Almeida. Los vecinos contaron que los obreros están inmersos en una “nube de veneno” cuando realizan las fumigaciones. Sin embargo, Eduardo Montenegro, gerente de relaciones institucionales de la Ugofe, aseguró a AUNO que la aplicación la realizan “mediante riego que evita que se dispersen las partículas. Es un bombeo por el cual la sustancia sale a baja distancia, se realiza en horarios donde la afluencia de pasajeros es mínima y con condiciones climáticas adecuadas” y ello se realiza según las recomendaciones de la Comisión Nacional del Transporte, que regula también la actividad ferroviaria. La administradora precisa que las cuadrillas de mantenimiento utilizan dos tipos de mecanismos: el agroquímico y el desmalezado de forma manual. Las empresas tercerizadas realizan las aplicaciones “hasta una distancia máxima 1,5 metros del eje de vía y el resto se corta manualmente", explicó Montenegro. Ese método no cambia la postura de las asambleas: la utilización del glifosato en los rieles provoca la contaminación del área urbana. Otro de los puntos centrales del reclamo hace hincapié en la Ley de Agroquímicos 10.699, que señala que está prohibido el transporta de agrotóxicos sin la Receta Agronómica Obligatoria y sin un permiso municipal. Entonces, las organizaciones pedirán la aplicación de esa normativa a las empresas mercerizadas encargadas de las fumigaciones. A pesar de las denuncias y los reclamos sobre el producto, la Ugofe continuará usando el glifosato porque no existe ninguna “prohibición” por parte de un organismo nacional, y sólo adoptaría otro método si el gobierno nacional lo dispone. Es allí en donde los vecinos encuentran como explicación la razón económica. Fumigar con glifosato “reduce a un tercio los costos de mantenimiento” del entorno de las vías ferroviarias, precisaron. La legislación. Entonces, la solución a lo que se reclama sobrevendría con una ordenanza que presentaron en octubre del año pasado a los presidentes de bloque del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. La iniciativa busca proteger la salud humana y el medio ambiente de la contaminación con glifosato, tal como se aprobó en los municipios bonaerenses de Vicente López, Morón y San Isidro. En ese aspecto, es clave la jurisdicción del terreno: las vías del ferrocarril son federales y no se rigen por sanciones municipales. Pero como las consecuencias se presentan fuera de los límites federales de las vías, el proyecto busca sancionar las consecuencias y no las acciones. Y allí se encuentra un vacío legal para penalizar los delitos sobre el medio ambiente. Hay un sistema de multas sobre la base de un sueldo municipal, que sanciona por la acción. Los vecinos piden que haya una sanción por metro cuadrado de terreno contaminado. “Se puede multar que una empresa contamine, pero cómo, dónde y su alcance, tiene un vacío legal”, explicó Almeida. Las asambleas vecinales cuentan con el apoyo del presidente del Concejo, Santiago Carasatorre. El edil aseguró que la iniciativa tendrá "el respaldo y apoyo político" del oficialismo en el recinto. Los bloques opositores también darían el visto bueno al proyecto. El reclamo ambiental, por otra parte, encuentra sustento en el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que todos los habitantes “gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Por lo cual, cualquier actividad productiva que ponga en peligro la salud de las personas está penalizada. También se basan en un principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675. En su artículo cuarto, se señala que cuando haya “peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Estas normas se suman a las investigaciones de científicos independientes y de organizaciones ambientales que cuestionan las consecuencias del glifosato sobre la salud, porque genera graves riesgos en el organismo y el ambiente. Pero las empresas lo pueden utilizar porque el SENASA lo considera ‘levemente tóxico’ cuando en los países del primer mundo es un agroquímico altamente dañino. Hay versiones opuestas y restan todavía definiciones para los reclamos de los vecinos de Lomas. Campaña nacional contra el uso de agrotóxicos. Hace cinco años buscan poner freno a la utilización de agroquímicos en la Argentina. Es un proyecto impulsado por asambleas vecinales y organizaciones en defensa del medio ambiente de diferentes partes del país a través de la campaña nacional “Paren de fumigar” contra el uso de agrotóxicos en zonas cercanas a las poblaciones urbanas. La iniciativa es impulsada por el Grupo de Reflexión Rural (GRR) que recopila testimonios y datos que evidencien los efectos negativos para el medio ambiente y la salud que produce la aplicación de productos como el glifosato, agrotóxico pilar de la actividad sojera argentina. La campaña nació en 2005 en respaldo al reclamo del barrio cordobés Ituzaingó Anexo afectado por el uso indiscriminado de agrotóxicos y donde “existen más de 200 casos de cáncer, en una población de no más de cinco mil habitantes”, de acuerdo a un informe del año pasado presentado por GRR. Los vecinos que denuncian la utilización de glifosato en las vías del ferrocarril General Roca no se sorprenden de las estadísticas de las enfermedades detectadas por las investigaciones de GRR. “No es casual que la mayoría de las denuncias sean de las provincias de Córdoba y de Santa Fe. Son las principales áreas productoras de soja transgénica, cultivo que ha provocado un aumento exponencial en el uso masivo de agrotóxicos”, aseguró Alejandro Almeida, miembro de la Asamblea Finky Verde. Luego de 10 años de denuncias, la Justicia de Córdoba limitó el uso de agroquímicos en sectores productivos colindantes con centros poblados. En Ituzaingó, un fallo judicial dictaminó que toda fumigación aérea se realice a más de 1.500 metros de las viviendas de la comunidad. También se sancionó la Ley de Fitosanitarios 11.273, de la provincia de Santa Fe, que prohíbe las pulverizaciones con agrotóxicos dentro de los límites de las zonas urbanas. En las zonas rurales, las fumigaciones con herbicidas y pesticidas son terrestres y aéreas lo que conlleva un gran peligro para la salud de las personas que viven allí. Pero la Argentina posee más de 18 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica y consume entre 180 y 200 millones de litros de glifosato por año, de acuerdo a datos suministrados por GRR. La fuerte correlación entre los casos de cáncer, leucemia, y otras graves afecciones que padecen los pueblos sojeros, y las consecuencias sobre la salud del herbicida se comprobaron con un informe de la Universidad Nacional de Rosario, el INTA y la Federación Agraria Argentina, entre otras organizaciones. Se confirmó la toxicidad del glifosato. Pero aún falta que el Senasa cambie la rotulación del producto, que hoy es considerado “levemente tóxico”. Otros casos. Un grupo de vecinos de Vicente López notó cambios en las plantas de sus casas cercanas al ferrocarril y en el paisaje del barrio. Todo se secaba. Incluso dos ombúes con más de ciento cincuenta años no resistieron. La causa: el glifosato utilizado por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) en las vías del tren para erradicar malezas y alimañas. Luego de varios años de denuncias, los vecinos nucleados en asambleas barriales lograron la aprobación de una ordenanza. El Concejo Deliberante local sancionó una normativa que prohíbe la aplicación de agroquímicos para la eliminación de pastizales en el municipio. La norma rige para terrenos públicos o privados nacionales, provinciales o municipales, y contempla a los predios privados de uso o acceso público. Pero las fumigaciones podrían volver. Es que las vías del ferrocarril son de jurisdicción federal y la ordenanza pierde efecto más allá de los límites municipales. Entonces, ambientalistas impulsan una legislación para todo el territorio bonaerense y que pueda aplicarse luego en los municipios. En La Plata, vecinos de la zona del Parque Pereyra y Villa Elisa denunciaron que están utilizando glifosato para matar malezas en las estaciones de trenes de la Línea Roca, administrada desde mediados de 2007 por la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que posee autorización del SENASA para usar ese producto. Las denuncias se repiten en diferentes localidades atravesadas por los ramales de esa Línea. Los reclamos de los vecinos platenses también se escuchan en Lanús, donde organizaciones sociales y en defensa del medio ambiente denunciaron la aplicación de ese herbicida en los rieles. El Concejo local aprobó el año pasado una ordenanza para prohibir la utilización de agroquímicos en el distrito, una norma similar a la que quieren impulsar los vecinos de Lomas de Zamora.

Un ministerio, acorralado por las coimas

BUENOS AIRES 10 May(Clarin).-De Vido y 7 altos funcionarios en la mira de la Justicia. Los funcionarios del ministerio de Planificación ya pasaron a ser los más denunciados de las gestiones kirchneristas. En sus oficinas se deciden las principales inversiones del Gobierno nacional en temas tan sensibles como la obra pública, el transporte y la energía. Por cada uno de estos rubros hay abierta alguna causa judicial por posibles irregularidades. Sólo en el expediente que tiene el juez Julián Ercolini y que investiga si funciona una asociación ilícita en la cumbre del poder, aparecen denunciados el poderoso ministro Julio De Vido, el secretario de Energía Daniel Cameron, el primo del ex presidente y subsecretario de coordinación de Obra Pública, Néstor Carlos Kirchner, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime y el ex titular del Occovi, Claudio Uberti. Todos ellos son o fueron miembros de la cartera de Planificación. El caso de Uberti es paradigmático. En los últimos días, el ex embajador en Venezuela, Eduardo Sadous, aseguró frente a Ercolini y al fiscal Gerardo Pollicita que el ex funcionario era un "embajador paralelo" que manejaba los negocios con Caracas. En ese vínculo, dijo Sadous, hacía falta pagar retornos para que las empresas de maquinaria agrícola pudieran vender sus productos a la República Bolivariana en el marco del fideicomiso. El ex titular del Occovi también está imputado en la causa judicial por el intento de ingreso al país de una valija con 800 mil dólares en un vuelo oficial proveniente de Venezuela. Allí, el magistrado Daniel Petrone firmó la falta de mérito. Como derivación de este caso, en el fuero federal, el juez Marcelo Martínez de Georgi busca saber si hubo irregularidades en la contratación de vuelos privados para sus viajes de trabajo. Ricardo Jaime es el mejor rankeado en Comodoro Py, adonde aparece imputado en una veintena de causas. En una, ya está procesado por aceptación de dádivas y tiene una situación difícil en otra por enriquecimiento ilícito. Las denuncias en su contra alcanzan también temas de gestión como subsidios a las aerolíneas y a las empresas ferroviarias, remodelación de vagones de trenes, entre otras tantas. En el caso de De Vido, fue sobreseido por enriquecimiento ilícito pero tiene abiertas otra decena de causas además de la que investiga Ercolini. Una muy importante sigue la pista de la compra de quince locomotoras sin licitación a un precio que -se sospecha- fue el doble del que se rige el mercado. Su mano derecha, Roberto Baratta, está en la mira del fiscal Eduardo Taiano en el caso Skanska quién pidió cruces telefónicos para saber si el funcionario convocó a una reunión en la que se habría decidido utilizar facturas truchas para blanquear las coimas. En este expediente fue indagado dos veces Fulvio Madaro, quien era titular del Enargas cuando se hicieron las obras del gasoducto. Este mismo escándalo roza al secretario de Energía, Daniel Cameron aunque no está imputado. Su nombre sí aparece denunciado por posibles irregularidades en la construcción de líneas de alta tensión entre Choele Choel y Pico Truncado. La lista de funcionarios con causas penales incluye al secretario de Obra Pública, José López, a quién la Cámara Federal ordenó en septiembre pasado que se siguiera investigando por enriquecimiento ilícito. Las fortunas de estos poderosos funcionarios también están en la mira judicial.

Adriana Barbero elevó dos pedidos a Trenes de Buenos Aires entre otros proyectos de comunicación

CAMPANA 9 May(LaAutenticaDefensa).-La concejal justicialista Dra. Adriana Barbero, realizó una serie de pedidos tanto al Departamento Ejecutivo como a Trenes de Buenos Aires. Entre ellos figuran la reparación y pintado de la estación de trenes local, la escalinata de acceso a la estación del barrio Otamendi, la colocación de la barrera y la tranquera de cruce en el camino al INTA en el mismo barrio, y que se intime a vecinos de Ruta 6 a la construcción de veredas. Además sigue insistiendo con el fomento del arbolado público. Entre una serie de proyectos presentados por la concejal Adriana Barbero (PJ), se solicita al Departamento Ejecutivo, intime a los frentistas de la Ruta 6, lado Este, entre Av. Balbín y Bertolini, a construir las veredas correspondientes sobre su línea de propiedad. Este pedido tiene que ver con la falta de las mismas en la zona referida, y se sostiene en que la misma "es lugar de tránsito de muchos peatones que deben hacerlo por el pasto o la tierra, siendo muchos de ellos escolares", y destaca que es "obligación del frentista la construcción de las veredas, tal cual lo normado en las ordenanzas vigentes". Otra de las comunicaciones tiene que ver con la estación de trenes del Barrio Las Colinas de Otamendi, a raíz de que, en inmediaciones de la misma, "siempre existió una tranquera y una barrera, por donde se produce el paso hacia el INTA, atravesando las vías del ferrocarril". Barbero señala que por allí se transita para dirigirse a la escuela agraria, y que en la actualidad "han desaparecido tanto la tranquera como las barreras a ambos lados de la vía", y que esta ausencia implica "un alto riesgo para todos aquellos que transitan por allí, como también para los niños que residen en los alrededores", considerando que se hace "imperiosamente necesario la reposición de dichos elementos". Con esos argumentos, la Concejal Justicialista solicita a la empresa Trenes de Buenos Aires "reponga de inmediato las barreras y la tranquera que existían en el cruce a nivel del Ferrocarril Mitre a la altura de la Estación del Barrio Las Colinas de Otamendi". En el mismo Barrio pero esta vez puntualmente refiriéndose a la estación de Trenes del Barrio Las Colinas de Otamendi, Adriana Barbero, solicita al Departamento Ejecutivo "proceda a la reparación integral de la escalinata" que une el Barrio con la estación y sus alrededores, tarea que podría "ser llevada a cabo por miembros de las Cooperativas del Plan Argentina Trabaja". En el proyecto se destaca que para acceder a la estación desde el propio barrio, "existe una antigua escalera que se halla en estado de total deterioro", agregando que "el tren es un medio de locomoción muy utilizado por esa comunidad barrial", por lo cual se hace necesario "proceder a su reparación integral, como del predio que la rodea, facilitando así el acceso de quienes transitan por allí", recalcando tal como lo expresa en su articulado, que algunas de las tareas podrían realizarse a través de las Cooperativas del Plan Argentina Trabaja, que se encuentran trabajando en distintos barrios de nuestra ciudad. La concejal Adriana Barbero, también requiere a la empresa Trenes de Buenos Aires, proceda a la limpieza, pintura y refacción del Edificio de la Estación de Trenes sito en la calle Alem y Av. Rocca de nuestra ciudad. El pedido se fundamenta en que la misma "se halla en un estado de deterioro y suciedad que perjudica tanto a los usuarios del transporte como al edificio en si, el cual tiene características arquitectónicas dignas de su conservación", recordando que al hallarse el servicio concesionado, corresponde a la empresa Trenes de Buenos Aires su mantenimiento, Finalmente, en los considerando del proyecto, menciona que este año se cumplen, además del Bicentenario de la Patria, el 125º Aniversario de la creación del Partido de Campana, por cuanto se están programando actividades con el conjunto de la comunidad, y se está procediendo desde el Departamento Ejecutivo, al embellecimiento de espacios y edificios públicos, dejando expresado que "resultaría conveniente que dicho edificio fuera limpiado, pintado y restaurado, para estar acorde con dichos eventos y por sobre todo para brindar un buen servicio a la ciudadanía". En otro proyecto de comunicación, Barbero, solicita al Departamento Ejecutivo, arbitre los medios necesarios para dotar de alumbrado público a las calles Martínez entre Cordero y Gil Gómez y Chapuis entre Pellegrini y Laplume del Barrio Las Colinas de Otamendi. Tampoco faltó la reiteración de una Comunicación ya presentada por el Bloque años antes, sugiriendo al D.E., antes de firmar el final de obra de cualquier construcción realizada, "que planten al menos un árbol en su frente", todo ello en concordancia con el fomento del arbolado público que siempre plantea la Concejal.