Juan Pablo Schiavi: “La mayor parte de las objeciones ya han sido corregidas por la Ley de Reordenamiento ferroviario”
BUENOS AIRES 23 Nov(PrensaSec.deTransporte).-El Secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, recordó hoy que la ley 26352 del 2008, de reordenamiento ferroviario, modificó el antiguo régimen referido a las inversiones y contrataciones para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y “mejoró la calidad en los procedimientos”. “En la actualidad está vigente otra normativa, por lo tanto el informe de la Auditoría General de la Nación – que recibimos hoy –, resulta totalmente extemporáneo”, precisó Schiavi. La ley de reordenamiento ferroviario creó dos empresas: la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) y la Sociedad Operadora del Estado (SOF S.E). “Estas empresas del Estado son las que ahora tienen a su cargo todas las obras e inversiones necesarias para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria”, señaló el funcionario. Asimismo, explicó que por su parte la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) modificó los procedimientos para la contratación y determinación de precios máximos en las obras de infraestructura. “Desde que me hice cargo de la Secretaría – precisó – respondimos todos los requerimientos y pedidos de informes elevados por los organismos de control y el Congreso. Asimismo, conformamos una unidad interna que tiene como función elaborar informes permanentes y dar respuesta a todas las consultas, con el propósito de darle mayor transparencia a la gestión”, añadió. “Asumimos una política de puertas abiertas”, dijo, y agregó que propicia la generación de un ámbito cooperativo para “trabajar en forma conjunta con los organismos de control con el objetivo de hacer más eficiente la gestión”. En este sentido consideró que “un informe que se conoce después de cinco años, desde que se adoptaron las decisiones analizadas y que incluye un período de tres años, no ayudan a mejorar la gestión”. Asimismo, consideró que es necesario “tener en cuenta que se trató de un régimen de excepción en emergencia”, el que se adoptó en el período analizado, como consecuencia de las “experiencias durante los años del gobierno de la ALIANZA y de los excesos del liberalismo a ultranza del menemismo, que destrozaron los contratos de concesión originarios”. “Esta situación y la crisis económica, obligó a este gobierno a salir a realizar obras esenciales, que era imperioso contratar, siguiendo el régimen contractual de contrataciones de los concesionarios”, explicó. Para Schiavi, “en este caso estamos frente a un período auditado que arranca en casi 5 años atrás. El informe fue emitido en mayo de 2008 y es “publicitado” ahora. Muchas veces esta “publicitación” tardía lo único que genera es confusión y el inicio de una causa judicial con móviles muchas veces meramente políticos”. Las observaciones de la AGN se traducen en recomendaciones sobre los procedimientos llevados a cabo, “muchos de los cuales ya han sido corregidos y serán considerados en los futuros informes del mismo organismo así como de la SIGEN”, precisó. Por último, señaló que la Secretaría de Transporte “responderá cada una de las observaciones que formulen los órganos de control y, en caso de corresponder, procederá a efectuar las correcciones que surjan de las recomendaciones que produzcan”. En este sentido, Schiavi explicó que el pasado 15 de octubre de 2009, mediante Nota 819/09-P se recibió un pedido de información por parte del titular de la AGN que fue contestado con el 29 de octubre mediante Nota S.T.N°1473.
BUENOS AIRES 23 Nov(PrensaSec.deTransporte).-El Secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, recordó hoy que la ley 26352 del 2008, de reordenamiento ferroviario, modificó el antiguo régimen referido a las inversiones y contrataciones para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y “mejoró la calidad en los procedimientos”. “En la actualidad está vigente otra normativa, por lo tanto el informe de la Auditoría General de la Nación – que recibimos hoy –, resulta totalmente extemporáneo”, precisó Schiavi. La ley de reordenamiento ferroviario creó dos empresas: la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) y la Sociedad Operadora del Estado (SOF S.E). “Estas empresas del Estado son las que ahora tienen a su cargo todas las obras e inversiones necesarias para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria”, señaló el funcionario. Asimismo, explicó que por su parte la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) modificó los procedimientos para la contratación y determinación de precios máximos en las obras de infraestructura. “Desde que me hice cargo de la Secretaría – precisó – respondimos todos los requerimientos y pedidos de informes elevados por los organismos de control y el Congreso. Asimismo, conformamos una unidad interna que tiene como función elaborar informes permanentes y dar respuesta a todas las consultas, con el propósito de darle mayor transparencia a la gestión”, añadió. “Asumimos una política de puertas abiertas”, dijo, y agregó que propicia la generación de un ámbito cooperativo para “trabajar en forma conjunta con los organismos de control con el objetivo de hacer más eficiente la gestión”. En este sentido consideró que “un informe que se conoce después de cinco años, desde que se adoptaron las decisiones analizadas y que incluye un período de tres años, no ayudan a mejorar la gestión”. Asimismo, consideró que es necesario “tener en cuenta que se trató de un régimen de excepción en emergencia”, el que se adoptó en el período analizado, como consecuencia de las “experiencias durante los años del gobierno de la ALIANZA y de los excesos del liberalismo a ultranza del menemismo, que destrozaron los contratos de concesión originarios”. “Esta situación y la crisis económica, obligó a este gobierno a salir a realizar obras esenciales, que era imperioso contratar, siguiendo el régimen contractual de contrataciones de los concesionarios”, explicó. Para Schiavi, “en este caso estamos frente a un período auditado que arranca en casi 5 años atrás. El informe fue emitido en mayo de 2008 y es “publicitado” ahora. Muchas veces esta “publicitación” tardía lo único que genera es confusión y el inicio de una causa judicial con móviles muchas veces meramente políticos”. Las observaciones de la AGN se traducen en recomendaciones sobre los procedimientos llevados a cabo, “muchos de los cuales ya han sido corregidos y serán considerados en los futuros informes del mismo organismo así como de la SIGEN”, precisó. Por último, señaló que la Secretaría de Transporte “responderá cada una de las observaciones que formulen los órganos de control y, en caso de corresponder, procederá a efectuar las correcciones que surjan de las recomendaciones que produzcan”. En este sentido, Schiavi explicó que el pasado 15 de octubre de 2009, mediante Nota 819/09-P se recibió un pedido de información por parte del titular de la AGN que fue contestado con el 29 de octubre mediante Nota S.T.N°1473.
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