Ganadores en plena crisis: qué empresas se perfilan para los mega proyectos de obra pública
BUENOS AIRES 27 Jun(IProfesional).- El parate que exhiben las principales ramas de actividad de la economía -con excepción del campo- no afecta a uno de los sectores estrella en este 2019 que se juega en clave electoral: el de la obra pública.
Si bien hubo un recorte, producto del objetivo oficial de achicar el déficit, los proyectos en pie mueven una caja suculenta, superior a los $170.000 millones.
Con aportes destinados a iniciativas concentradas mayormente en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, la inversión pautada coincide con la necesidad de consolidar la imagen de Mauricio Macri como el presidente que más proyectos de infraestructura concretó en las últimas décadas.
Ganadores en plena crisis: qué empresas se perfilan para los mega proyectos de obra pública. Aun con la recesión, hay una caja de $171.000 millones para los adjudicatarios de las licitaciones. Los proyectos viales siguen llevando la delantera
Sin perder ritmo, 2019 inició con el lanzamiento de mejoras en la autopista Mercedes-Suipacha, en la ruta nacional 5, el desarrollo del primer tramo de la autopista Cañuelas-Azul por la ruta nacional 3, y trabajos en torno al corredor lindero a la localidad de Carmen de Areco.
Sólo por las obras viales realizadas en la provincia de Buenos Aires, Cambiemos viene motorizando trabajos en unos 4.400 kilómetros. En tanto que en hidráulica, siempre en territorio bonaerense, hay activas alrededor de 1.100 obras.
Este año, con el foco puesto en el proceso electoral, desde el oficialismo apuntan a inaugurar la rehabilitación de la ruta 11 en Entre Ríos, sendas mejoras en el tendido de agua y cloacas de Salta, y un acueducto en el Chaco. En Río Negro, en tanto, el Gobierno promueve la pavimentación de la ruta 23, mientras que en Chubut impulsa una iniciativa similar para la 25.
En la Ciudad de Buenos Aires, la gran apuesta corresponde a la culminación del recientemente inaugurado Paseo del Bajo, y también a la finalización de los viaductos estipulados para los ferrocarriles San Martín y Mitre.
En un contexto de números económicos que no se acomodan, la obra pública intensiva aparece como una de las propuestas que Cambiemos elige defender a capa y espada.
Como consecuencia de esta política, las oportunidades para las empresas que juegan en primera siguen multiplicándose y un pelotón de nombres con tradición en la obra pública concentra el grueso de las iniciativas que el macrismo activó en lo que lleva de gestión.
Vale recordar que en los últimos tres años, unas 30 compañías -nacionales e internacionales- se repartieron más de $73.500 millones destinados a emprendimientos de este tipo, entre financiamiento local y externo.
Supercemento, Esuco, UCSA y MSU Energy, SACDE, Vial Agro, Perales Aguiar y Cartellone, son algunos de los privados que concentran el grueso de los proyectos y sólo en lo que va de macrismo llevan embolsados miles de millones de pesos en concepto de obras de infraestructura.
A estos nombres le siguen “viejos conocidos” como Benito Roggio, Helport (Eduardo Eurnekian) y Techint que, aunque a menor ritmo que en otros períodos, igual dicen “presente” de manera periódica en la mayoría de las compulsas públicas.
Supercemento
Con Miguel Marconi en el timón, es una de las líderes en términos de facturación desde la irrupción de Mauricio Macri en el Poder Ejecutivo. De acuerdo a Obrapública.com, en lo que va de este Gobierno la firma sumó participación en obras por $6.051 millones.
En cuanto al listado de emprendimientos en los que participó la compañía, conviene repasar que en septiembre de 2016 Supercemento se quedó con un proyecto de cloacas para Córdoba por $3.400 millones. A la par, en Chaco, suma presencia con el acueducto “El Impenetrable”, en alianza con Esuco, por un total de $315 millones.
En Salta, la empresa lleva adelante una obra para captar y potabilizar agua y que fue adjudicada en más de 650 millones de pesos. El emprendimiento recibe financiación de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
A fines de 2017, Supercemento activó trabajos de repavimentación en la intersección de la ruta nacional 8 con la provincial 50, al tiempo que avanzó con una planta potabilizadora en Paraná de las Palmas.
La operatoria de la empresa no está exenta de polémicas: en agosto del año pasado, promovió más de 100 despidos en su obrador de la ruta nacional 8. Lo curioso es que la medida tuvo lugar poco tiempo después de que Supercemento se alzara con la licitación para transformar en autopista el primer tramo de la ruta 33, entre Rufino y Rosario. Este último emprendimiento es financiado por Nación e involucra un monto de casi $3.700 millones.
UCSA
A través de UCSA, el empresario Manuel Santos Uribelarrea es otro de los “peso pesados” de la infraestructura en tiempos de Cambiemos. Este inversor acumula contratos por una cifra cercana a los $3.300 millones.
De forma directa o a través de asociaciones bajo la forma de UTE, Uribelarrea participa en la recuperación del ferrocarril Belgrano en provincias como Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
También, en la construcción de una parte de la autopista 7 en Buenos Aires -$702 millones- y en la instalación de cloacas y cañerías de gas en la Villa Olímpica que la Ciudad viene desarrollando en Villa Soldati.
“Los proyectos en los que interviene con este Gobierno corresponden a licitaciones obtenidas en 2016”, afirmaron a iProfesional fuentes cercanas a UCSA. “En la renovación de infraestructura del Belgrano, en Santiago del Estero, la UTE se conforma con Rottio SA. UCSA tiene el 65 por ciento”, explicaron.
Y agregan: “En la recuperación del mismo ferrocarril en Salta y Jujuy, la UTE se comparte con Spavias y Copersa. UCSA sólo posee el 34 por ciento”.
Consultadas respecto de licitaciones lanzadas este año, se indicó que la firma de Uribelarrea aún no se alzó con nuevos proyectos.
“Tampoco se participó en emprendimientos grandes; lo que se está haciendo viene de años anteriores”, informaron desde el entorno del UCSA. La firma ostenta una facturación anual cercana a los $1.200 millones.
Esuco y Cartellone
En sintonía con los nombres anteriores, Esuco también tiene bajo su poder contratos millonarios generados durante la actual gestión de Gobierno.
Propiedad de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción y uno de los “arrepentidos” en la causa iniciada a partir de los cuadernos de las coimas, la firma tiene a su cargo una autopista de cuatro carriles en las afueras de Bahía Blanca.
El emprendimiento comprende una inversión de $1.952 millones e incluye, además, el desarrollo de viaductos y el mejoramiento de rutas en esa zona.
En la provincia de Buenos Aires, Esuco ganó además la licitación para la repavimentación y el ensanche de la ruta provincia 67, en el tramo Pigüé-Puán, en otra iniciativa por más de $230 millones.
Cartellone, en tanto, pisa fuerte en ámbitos que van de la energía a la seguridad carcelaria. Así, a principios del año pasado se quedó con la construcción de la cárcel Almafuerte II en Mendoza, en un proyecto valuado en casi $1.600 millones.
A mediados de 2018, obtuvo la obra para el desarrollo de un tramo de la ruta 7 mientras que, ya en septiembre de ese mismo año, se impuso en la licitación para la construcción de una línea de alta tensión en la provincia de San Juan. Para esa obra se fijó un contrato de casi $1.000 millones.
Mindlin, Vial Agro y Perales Aguiar
IECSA, ahora SACDE, es otra de las empresas con contratos fuertes. La firma, propiedad de Marcelo Mindlin, tiene a su cargo el desarrollo de uno de los tramos más “jugosos” del ya inaugurado Paseo del Bajo.
En concreto, la compañía se hizo con un contrato por casi 3.200 millones de pesos para la construcción de una trinchera semi cubierta con tramos peatonales y calles vehiculares.
Aunque el proyecto navega hoy en la incertidumbre, SACDE también tiene participación protagónica en la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Si bien el emprendimiento se encuentra detenido en este momento por inconvenientes con el financiamiento, el Gobierno mantiene la idea de finalizar las tareas antes de que concluya el 2022.
Vial Agro es propiedad de Pablo Quantín y una de las empresas que ya en los tiempos del kirchnerismo marcaba el ritmo de la obra pública en el sur de la provincia de Buenos Aires, con predominio en la zona de Tres Arroyos.
En la actualidad, la compañía en cuestión tiene a su cargo la repavimentación, ensanche y acondicionamiento de la ruta 51 en cercanías a la ciudad de Coronel Pringles, en un proyecto por casi $430 millones.
Por otra parte, y ya en sociedad con la italiana Inc Spa y la también argentina Paolini, a mediados del año pasado Vial Agro se adjudicó el contrato de construcción y concesión de un tramo de autopista de 700 kilómetros entre las ciudades de Las Flores y Mar del Plata. Se estima que el desarrollo total demandará casi 1.000 millones de dólares.
Ya en provincias como La Pampa y Santa Fe, Vial Agro lleva adelante la construcción de colectoras, accesos y la pavimentación de rutas bajo contratos que, sumados, superan con comodidad los $300 millones.
Por último, Perales Aguiar es una de las compañías que participa de la remodelación de las estaciones del ferrocarril Belgrano Norte, que se licitó por algo más de 2.300 millones de pesos. Sólo por el desarrollo de una sección de obras la firma se alzará con $372 millones.
Con una larga trayectoria en emprendimientos públicos, la firma también controla obras cloacales y de depuración de agua en provincias como Santiago del Estero, donde motoriza iniciativas por más de $310 millones.
Y también interviene en procesos más “chicos”, como la construcción de la comisaría comunal N° 7 en la Ciudad de Buenos Aires, obra para la que se fijó un presupuesto de casi $115 millones.
