viernes, 8 de junio de 2018

Sublevación bajo tierra

Sublevación bajo tierra

CAPITAL FEDERAL 8 Jun(Noticias Urbanas).-El conflicto de los trabajadores del subte se agravó por la decisión gubernamental de limitar los aumentos al 15%, que avaló la UTA pero no la Agtsyp.
La pelea salarial en el subterráneo

El conflicto salarial que transcurre desde hace exactamente 50 días en los túneles del subterráneo no tiene, por ahora, visos de solución. El convenio paritario firmado el 12 de abril último involucró solamente a la empresa concesionaria del servicio de subterráneos porteño, Metrovías; a la empresa que controla a la concesionaria y se encarga de las inversiones, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase); al subsecretario de Trabajo de la ciudad, Ezequiel Jarvis, y al sindicato menos representativo de los trabajadores del subterráneo, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA).

En esta instancia fueron ignorados los integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), que como se mostraron disconformes con el monto acordado –el controvertido 15 por ciento anual, en tres cuotas esta vez– lanzaron a partir del 16 de abril una serie de medidas de fuerza que consistieron, básicamente, en paros rotativos de una línea por vez, de tres horas en el comienzo y en el final de su jornada laboral, es decir, a partir de las 5.30 hasta las 8.30 o de las 20.30 a 23.30, y en dos horas de apertura de molinetes en algunas de las estaciones de cabecera.

La Agtsyp está inscripta en el Ministerio de Trabajo bajo la modalidad de Simple Inscripción, que les permite a los representantes gremiales descontar de las planillas salariales los aportes de los afiliados, firmar acuerdos paritarios, brindar obra social y convocar, si fuera necesario, a medidas de fuerza.

En el transcurso del conflicto, en una medida que tuvo sabor a intento de disciplinamiento, la semana pasada el Ministerio de Trabajo de la Nación resolvió quitarle a la Agtsyp la potestad de cobrar por planilla los aportes salariales de sus afiliados. Los especialistas afirman mayoritariamente que la medida es inconstitucional, pero hasta ahora está siendo aplicada.

Entretanto, la empresa Metrovías envió 194 telegramas de suspensión y despidió a tres representantes gremiales, acusándolos “por haber cometido agresiones e incidentes durante la apertura de molinetes el jueves 24 de mayo en la Línea H”, según un comunicado de la concesionaria. Las medidas no fueron efectivizadas aún porque los delegados de base y los miembros del Consejo Directivo del gremio están protegidos por fueros gremiales, que deben serles quitados por decisión judicial para que los despidos se concreten.

El miércoles –el mismo día en que esta revista entra en imprenta–, el titular del Juzgado N° 2 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, falló a favor de un amparo solicitado por la Agtsyp y emitió cinco órdenes:

1) El Gobierno porteño deberá convocar a una mesa paritaria, que estará conformada por Sbase, Metrovías, UTA y la Agtsyp. La misma funcionará durante 60 días.

2) Durante los 60 días, la Agtsyp no tomará medidas de fuerza.

3) En este plazo, Metrovías, Sbase y el Gobierno porteño se abstendrán de contratar personal externo que desempeñe tareas de guarda o conductor.

4) El Gobierno, Sbase y Metrovías dejarán sin efecto las sanciones ya tomadas contra los trabajadores.

5) Los funcionarios del Gobierno, Sbase y Metrovías se abstendrán también de efectuar declaraciones públicas “que tergiversen los contenidos de normas o fallos en relación al conflicto”.

Pianelli: “Suspendimos por el momento, siempre y cuando cumplan”

En diálogo con Noticias Urbanas, el secretario general de la Agtsyp, Roberto Pianelli, manifestó que “hay que ver si el Gobierno cumple con el amparo, porque muy apegados a las leyes no han sido hasta ahora”. Paralelamente, el sindicalista adelantó que la entidad ya había decidido apelar la resolución del Ministerio de Trabajo que les coartó el derecho de recaudar el dinero de sus afiliados directamente desde sus planillas.

Pianelli informó también: “Hoy no estamos tomando ninguna medida de fuerza, porque el amparo nos lo prohíbe. Las suspendimos por el momento, siempre y cuando la empresa y el Gobierno porteño cumplan con las medidas que ordenó el juez”.

El Gobierno apelará el fallo

Al cierre de esta edición, voceros del Gobierno porteño a los que tuvo acceso este medio –que solicitaron permanecer off the record– comunicaron que “el fallo será apelado”, al tiempo que interpretaron que la decisión del juez Gallardo “no implica la reapertura de las negociaciones paritarias, sino que establece la conformación de una mesa de diálogo”.

Detrás de las noticias

Muchas veces lo que permanece en la trastienda es tan importante como lo que se publica en la primera plana de los diarios.

Fuentes ligadas al conflicto revelaron a este medio que existe un cerebro detrás de las medidas coercitivas tomadas por el Gobierno nacional, que sembraron la preocupación en el ámbito gremial. Se trata de Lucas Fernández Aparicio, que esgrime su habilidad palaciega desde la Secretaría de Atención Ciudadana y Servicios Federales del Ministerio de Trabajo. Es un exsindicalista de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que está relacionado con el ministro de Transportes de la Nación, Guillermo Dietrich.

Los informantes lo ubican como el operador en el conflicto de la liquidación de Ferrobaires, que vehiculizó los 1.500 retiros voluntarios que se produjeron, y luego intervino la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apdfa), para partir después a encargarse del conflicto aeronáutico, adonde luchó para partir el frente gremial, sin conseguirlo, aunque logró alinear en su campo a la Asociación de Aeronavegantes.

Sus enemigos lo definen como “el cerebro detrás de los funcionarios”. “Es un tipo al que no le importa la legalidad y que está entongado con la gente del Metro de Londres y del Metro de Lyon, que se quieren quedar con el negocio de la operación del subte porteño. También está relacionado con Eduardo Eurnekian, otro aspirante a operar el subterráneo, junto con los franceses y los británicos. A este le terminan de otorgar la concesión de algunos corredores claves en Santa Fe y se relaciona en muchos negocios con el Gobierno. Todo tiene que ver con todo, como puede ver”, definió una fuente consultada involucrada en el conflicto.

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