Concluyó la investigación por la compra de trenes “chatarra” a España y Portugal
CAPITAL FEDERAL 10 Mar(Infobae).-El juez Ercolini dio por finalizada la instrucción de la causa judicial para elevarla a juicio oral y público.Ricardo Jaime está preso desde abril pasado por orden del juez Julián Ercolini. El ex secretario de Transporte del kirchnerismo cometió varios delitos de corrupción. Uno de ellos es el que lo puso rumbo al penal de Ezeiza donde está alojado ahora: la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal.Esa compra millonaria de material rodante en desuso que en buena parte no pudo ser recuperado, fue aceitada gracias al pago de coimas que terminaron en los bolsillos de Jaime y de su testaferro Manuel Vázquez. Jaime está preso en Ezeiza y su hacedor de negocios tiene detención domiciliaria.La operación de compras de trenes se pactó en algo más de 200 millones de euros. Se pagaron finalmente cerca de 100 millones. Y hubo coimas facturadas y comprobadas por 2 millones de euros. Jaime autorizó por nota a que la firma Controles y Auditorias Especiales (CAESA)-consultora de su testaferro Vázquez- cobrara comisiones por intermediar en una operación entre estados. Algo inusual e ilegal. Corrupción pura y dura. En esa carta dirigida a la empresa estatal española que vendió los trenes, Jaime decía que el costo de las comisiones-coimas lo iba a pagar la Argentina.Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171% y no se controló lo que adquirieron y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento y está arrumbado en depósitos ferroviarios.Ercolini describió –cuando procesó a Jaime– cómo fue la compra de trenes y por qué se perjudicó al Estado argentino: "Ricardo Jaime, teniendo a su cargo la administración del patrimonio estatal en su carácter de titular de la Secretaría de Transporte de la Nación, suscribió los convenios y contratos internacionales dentro de sus facultades como autoridad de aplicación del Estado argentino, para la adquisición de material rodante, de baja o nula calidad, a precios onerosos, y ordenó los pagos de las facturas generadas en consecuencia, existiendo una diferencia pecuniaria en perjuicio del Estado Nacional.( …) las unidades adquiridas distaban de ser apropiadas para la modernización de la red de transporte ferroviario; y que el material adquirido por las enormes sumas de dinero pagadas por la administración pública sólo podían tener el destino inevitable que tuvieron, quedar en diferentes depósitos ferroviarios mientras el tiempo transcurría sin más y sin que a su respecto se efectuara reparación alguna. Pero los pagos que se realizaron no fueron en carácter de bienes de descarte, sino que la Secretaría de Transporte abonó –o lo hizo figurar- facturas por sumas exorbitantes que nunca llegaron a posibilitar la proyectada reforma de trenes, y el desapego deliberado en el control de la recepción de las formaciones conduce a afirmar que nunca fue el objetivo posibilitar la mejora del transporte, sino procurar que el dinero saliera del patrimonio nacional, sin llegar a su destino declarado, quedando en manos de los funcionarios que engrosaron su patrimonio como consecuencia".El juez Ercolini dio por concluido el capítulo de la investigación que tiene como procesados a Jaime, Vázquez y Ricardo Testuri, quien fuera el funcionario del área de Transporte que controló el material rodante que se compró en Europa. De esa forma el juez cerró la etapa de instrucción de la causa y comienza el camino hacia el juicio oral y público. El juez deberá notificar al fiscal Federico Delgado quien sostendrá la acusación y a la Oficina Anticorrupción que es querellante en la causa. Luego los imputados tienen unos días para oponerse.Ercolini había procesado también a quien sucedió a Jaime en el cargo de secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Pero la Sala I de la Cámara Federal, cuando revisó el fallo en el que confirmó el procesamiento de Jaime, Vázquez Testuri y el de Ignacio Soba Rojo (un prestanombre), dictó una falta de mérito para Schiavi. Los procesamientos fueron confirmados por los delitos de defraudación contra la administración pública y cohecho.La primera parte de la causa por la escandalosa compra de material rodante en desuso va hacia el juicio oral y público.Mientras esto sucede se aguarda la decisión de la Cámara Federal respecto de una serie de procesamientos dictados por Ercolini en el mismo caso.En una segunda tanda de procesados se encuentra el diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido en tanto fue el ministro de Planificación –que tenía a la secretaría de Transporte bajo su jurisdicción- cuando se hizo la compra de trenes "chatarra".En el procesamiento de De Vido y de ex funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Ercolini explicó cómo fue la maniobra: "El plan ferroviario de modernización era necesario y contaba con medios técnicos y presupuesto para ser emprendido seriamente. En ese sentido, los contratos internacionales firmados con países más desarrollados en el rubro eran la promesa de una mejora del servicio a los usuarios. Pero la finalidad legítima fue desvirtuada por los imputados, cada uno en la medida de sus responsabilidades".El trámite para que se inicie el juicio oral ha comenzado.
CAPITAL FEDERAL 10 Mar(Infobae).-El juez Ercolini dio por finalizada la instrucción de la causa judicial para elevarla a juicio oral y público.Ricardo Jaime está preso desde abril pasado por orden del juez Julián Ercolini. El ex secretario de Transporte del kirchnerismo cometió varios delitos de corrupción. Uno de ellos es el que lo puso rumbo al penal de Ezeiza donde está alojado ahora: la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal.Esa compra millonaria de material rodante en desuso que en buena parte no pudo ser recuperado, fue aceitada gracias al pago de coimas que terminaron en los bolsillos de Jaime y de su testaferro Manuel Vázquez. Jaime está preso en Ezeiza y su hacedor de negocios tiene detención domiciliaria.La operación de compras de trenes se pactó en algo más de 200 millones de euros. Se pagaron finalmente cerca de 100 millones. Y hubo coimas facturadas y comprobadas por 2 millones de euros. Jaime autorizó por nota a que la firma Controles y Auditorias Especiales (CAESA)-consultora de su testaferro Vázquez- cobrara comisiones por intermediar en una operación entre estados. Algo inusual e ilegal. Corrupción pura y dura. En esa carta dirigida a la empresa estatal española que vendió los trenes, Jaime decía que el costo de las comisiones-coimas lo iba a pagar la Argentina.Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171% y no se controló lo que adquirieron y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento y está arrumbado en depósitos ferroviarios.Ercolini describió –cuando procesó a Jaime– cómo fue la compra de trenes y por qué se perjudicó al Estado argentino: "Ricardo Jaime, teniendo a su cargo la administración del patrimonio estatal en su carácter de titular de la Secretaría de Transporte de la Nación, suscribió los convenios y contratos internacionales dentro de sus facultades como autoridad de aplicación del Estado argentino, para la adquisición de material rodante, de baja o nula calidad, a precios onerosos, y ordenó los pagos de las facturas generadas en consecuencia, existiendo una diferencia pecuniaria en perjuicio del Estado Nacional.( …) las unidades adquiridas distaban de ser apropiadas para la modernización de la red de transporte ferroviario; y que el material adquirido por las enormes sumas de dinero pagadas por la administración pública sólo podían tener el destino inevitable que tuvieron, quedar en diferentes depósitos ferroviarios mientras el tiempo transcurría sin más y sin que a su respecto se efectuara reparación alguna. Pero los pagos que se realizaron no fueron en carácter de bienes de descarte, sino que la Secretaría de Transporte abonó –o lo hizo figurar- facturas por sumas exorbitantes que nunca llegaron a posibilitar la proyectada reforma de trenes, y el desapego deliberado en el control de la recepción de las formaciones conduce a afirmar que nunca fue el objetivo posibilitar la mejora del transporte, sino procurar que el dinero saliera del patrimonio nacional, sin llegar a su destino declarado, quedando en manos de los funcionarios que engrosaron su patrimonio como consecuencia".El juez Ercolini dio por concluido el capítulo de la investigación que tiene como procesados a Jaime, Vázquez y Ricardo Testuri, quien fuera el funcionario del área de Transporte que controló el material rodante que se compró en Europa. De esa forma el juez cerró la etapa de instrucción de la causa y comienza el camino hacia el juicio oral y público. El juez deberá notificar al fiscal Federico Delgado quien sostendrá la acusación y a la Oficina Anticorrupción que es querellante en la causa. Luego los imputados tienen unos días para oponerse.Ercolini había procesado también a quien sucedió a Jaime en el cargo de secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Pero la Sala I de la Cámara Federal, cuando revisó el fallo en el que confirmó el procesamiento de Jaime, Vázquez Testuri y el de Ignacio Soba Rojo (un prestanombre), dictó una falta de mérito para Schiavi. Los procesamientos fueron confirmados por los delitos de defraudación contra la administración pública y cohecho.La primera parte de la causa por la escandalosa compra de material rodante en desuso va hacia el juicio oral y público.Mientras esto sucede se aguarda la decisión de la Cámara Federal respecto de una serie de procesamientos dictados por Ercolini en el mismo caso.En una segunda tanda de procesados se encuentra el diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido en tanto fue el ministro de Planificación –que tenía a la secretaría de Transporte bajo su jurisdicción- cuando se hizo la compra de trenes "chatarra".En el procesamiento de De Vido y de ex funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Ercolini explicó cómo fue la maniobra: "El plan ferroviario de modernización era necesario y contaba con medios técnicos y presupuesto para ser emprendido seriamente. En ese sentido, los contratos internacionales firmados con países más desarrollados en el rubro eran la promesa de una mejora del servicio a los usuarios. Pero la finalidad legítima fue desvirtuada por los imputados, cada uno en la medida de sus responsabilidades".El trámite para que se inicie el juicio oral ha comenzado.
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